El productor musical Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias, acusándola de presunta prevaricación en relación a la investigación que dirigió en contra del artista por supuestas irregularidades en su espectáculo ‘Malinche’. Esta acción judicial se dio a conocer el 8 de septiembre de 2025, según informa Europa Press.
En el escrito judicial, del que se tuvo acceso, se solicita que la magistrada sea considerada querellada por un delito que conlleva una pena de multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación especial para empleo o cargo público, la cual podría oscilar entre 10 y 20 años. El documento también incluye como prueba la grabación de la declaración de una subinspectora de trabajo que elaboró un informe clave durante la inspección realizada el 27 de junio de 2024, que sirvió para archivar el caso.
La querella se presenta meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera el archivo provisional del caso, argumentando que no hubo indicios suficientes para demostrar que los imputados intentaran introducir a ciudadanos mexicanos para representar el musical de manera clandestina. La Sala aclaró que no se pueden realizar investigaciones que excedan las competencias del Juzgado tal como estaba diseñado el procedimiento.
Premisas erróneas en la actuación policial
La defensa de Cano sostiene que el atestado policial que dio origen al caso se fundamentó en premisas erróneas, como la incorrecta aplicación de la legislación vigente y la consideración de estudiantes como trabajadores ilegales. Argumentan que a partir de estas premisas se elaboró un atestado lleno de irregularidades con el único fin de conseguir la detención del productor musical.
Además, los letrados mencionan que existen al menos diecisiete denuncias que involucran delitos como coacciones, amenazas y falsificación de documento público relacionadas con el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19. Según la defensa, las irregularidades en la actuación policial constituyen un grave delito contra la administración de justicia que debería ser investigado conjuntamente. Sin embargo, la jueza rechazó las inhibiciones solicitadas por los juzgados donde recayeron estas denuncias.
Finalmente, se recalca que la defensa ha encontrado grandes dificultades para ejercer su derecho a la defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Aseguran que estas dificultades no solo provienen de la constante negativa de la jueza a permitir el acceso y la práctica de las diligencias de prueba que consideran necesarias, sino también de la notoria parcialidad de la magistrada en este caso específico.
