El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado en el Congreso que tanto la UCO (Unidad Central Operativa) como la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) no se encargan de dictar sentencias, y que no ha recibido quejas judiciales sobre posibles interferencias en las investigaciones. Este recordatorio se produce en el contexto del ‘caso Leire Díez’, donde se investiga una trama relacionada con hechos graves que no involucran al Gobierno ni al Ministerio del Interior.
Durante su intervención, Marlaska afirmó que «ni la UCO ni la UDEF dictan sentencia», señalando que ambas unidades actúan bajo la dirección de fiscales y jueces, quienes son los encargados de tomar decisiones. La declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional, ha coincidido con esta sesión de control, así como la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
El diputado del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Marlaska, acusándolo de permitir que «la cúpula de la Guardia Civil conspire contra la Guardia Civil». Esto se refiere a informes de la UCO que sugieren presiones a los investigadores tras reuniones entre Leire Díez y González, una acusación que esta última ha negado.
En contraparte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha solicitado «democratizar» las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haciendo hincapié en la necesidad de cesar relaciones impropias entre González y Díez. En los pasillos del Congreso, también cuestionó la eliminación de mensajes entre ambas figuras.
Marlaska ha defendido que las investigaciones sobre las «cloacas» se centran en casos graves, pero que son ajenos al Gobierno y al Ministerio del Interior. En respuesta a las críticas que recibió, resaltó la función neutral de la UCO y la UDEF, afirmando que «son los jueces los que deben condenar y dictaminar las pruebas».
El ministro subrayó que, a diferencia de lo sucedido durante el gobierno del PP bajo Mariano Rajoy, su papel se limita a evitar que se utilicen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intereses políticos. «No creo que haya escuchado usted de ningún agente de la Guardia Civil que haya existido alguna interferencia, más bien todo lo contrario», expresó en respuesta a las acusaciones de Tellado.
En caso de ser presionados, los agentes de la UCO tienen los “cauces reglamentarios” para denunciar tales situaciones, pero Marlaska aseguró que «nunca han referido nada al respecto». Además, recalcó que no ha recibido quejas de las autoridades judiciales, instando a la seriedad en estos asuntos.
En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recordó que se están creando 150 nuevas plazas para la UCO, reforzando así tanto su plantilla como la de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.
En otro tema, en respuesta a preguntas de Sumar, Marlaska se refirió a un incidente en el que un policía empujó a una profesora durante una protesta en Valencia por la educación pública. Aseguró que reconoce que esta actuación fue «ajena a los principios de proporcionalidad», aunque aclaró que debe respetarse la investigación judicial en curso.
Por su parte, el diputado Ibáñez le instó a reconocer que hay diferencias en el trato que reciben ciertos individuos en contextos similares, sugiriendo que policías a veces actúan de manera desigual frente a distintas personas, lo cual es un tema relevante en el actual debate sobre la actuación policial en España.
