El 24 de octubre de 2025, los consejeros de Sanidad del Partido Popular (PP) se levantaron de la mesa del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en Zaragoza. Esta decisión fue tomada tras leer un comunicado que denunciaba «la utilización partidista y sectaria» de este órgano por parte del Gobierno español.
La convocatoria extraordinaria del Ministerio de Sanidad tenía como objetivo discutir la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como un acuerdo sobre la distribución territorial de fondos destinados al desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer. Este encuentro se llevó a cabo en medio de la controversia provocada por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, especialmente tras los fallos detectados en Andalucía.
En su manifiesto, los consejeros expresaron su preocupación por el uso ideológico del CISNS, afirmando que «nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder». Destacaron que, en defensa de la salud de los españoles, el respeto institucional y el correcto funcionamiento del Consejo Interterritorial, su retirada era necesaria hasta que el Ministerio de Sanidad «restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor que merece como órgano fundamental de coordinación de la política sanitaria en España».
Datos de los Cribados
Respecto a la petición de datos sobre los programas de cribado de cáncer autonómicos, los miembros del PP señalaron que el Ministerio no ha facilitado la herramienta necesaria para ello y que los indicadores siguen en fase de revisión. Esta situación fue calificada como una «manipulación unilateral» de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en abril.
De igual manera, tras los problemas identificados en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía, enfatizaron que, en lugar de apoyar y reconocer el desarrollo de estos programas, el Ministerio se había posicionado en contraposición a las comunidades autónomas y a las mujeres, buscando obtener rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido.
Los consejeros también hicieron hincapié en la situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas por el Ministerio de Sanidad, que, según afirmaron, no asumen su responsabilidad en este ámbito, reiterando que esto evidencia el uso partidista que el Gobierno hace de la salud pública.
Incapacidad Total del Ministerio
El PP denunció la «falta de asunción de responsabilidades» del Ministerio de Sanidad y su «incapacidad total» para gestionar lo que consideran el principal problema de la sanidad española: la escasez de profesionales sanitarios. Acusaron al Ministerio de intentar «imponer» un nuevo Estatuto Marco sin el consenso ni de los profesionales ni de las comunidades autónomas.
Además, señalaron que el Gobierno había denegado las modificaciones presupuestarias para las transferencias de programas de Salud Pública, entre los que se encuentran los destinados a los sistemas de vigilancia del cáncer. Esta decisión fue comunicada a las comunidades a través de un mensaje de WhatsApp enviado por el propio director general de Salud Pública.
Los consejeros también hicieron hincapié en que las decisiones del CISNS son comunicadas a las comunidades autónomas por los medios de comunicación antes de finalizar las reuniones, a causa de las «filtraciones constantes» de Sanidad, lo que consideran un desdén absoluto hacia los procedimientos internos del Consejo. Señalaron que «el menoscabo reiterado a los miembros del Consejo resulta intolerable» y que los representantes de las comunidades autónomas merecen el respeto institucional que establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, un respeto que, según afirmaron, ha sido constantemente vulnerado por el actual Ministerio de Sanidad.
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