Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo sobre la política de retornos, que endurecerá las condiciones para aquellos cuya solicitud de asilo sea rechazada en la Unión Europea. Esta nueva norma también permitirá a los Estados miembros externalizar los centros de deportación a territorios fuera de la UE, un modelo que ya ha sido implementado por Italia en su acuerdo con Albania.
Este avance político se ha conseguido tras superar el último obstáculo relacionado con la fecha de aplicación de la nueva norma. La Eurocámara había solicitado una implementación más rápida, para enero, mientras que los Veintisiete preferían un margen de doce meses. Finalmente, se ha convenido que la mayoría de las disposiciones entrarán en vigor dentro de un año, aunque algunas medidas, como la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia de control de fronteras (Frontex), comenzarán a aplicarse inmediatamente después de la publicación en el Diario Oficial de la UE.
Fuentes de la negociación han confirmado que el artículo 37 de la propuesta, que contemplaba la cooperación administrativa con «entidades no reconocidas», ha sido retirado. Este artículo era criticado ya que abría la puerta a la colaboración con el régimen talibán para identificar y readmitir afganos que han llegado a Europa.
La nueva normativa obligará a los solicitantes de asilo a colaborar con las autoridades para facilitar su deportación si les es denegado el asilo y establece plazos de detención de hasta 24 meses para aquellos que no cooperen o cuando existan riesgos de fuga. Este plazo podría extenderse seis meses más en determinadas circunstancias. Cabe señalar que estos límites también se aplicarán a menores no acompañados y familias con niños pequeños, aunque se enfatiza que debe ser una medida de «último recurso».
Los motivos y plazos para la detención deberán estar previstos en la legislación nacional, otorgando a las autoridades judiciales la responsabilidad de decidir. Se reconoce, además, la capacidad de los Estados miembros para ofrecer alternativas a la detención, como la presentación de informes periódicos, la comunicación de una residencia fija o el pago de una garantía financiera.
El acuerdo introduce también la Orden Europea de Retorno (ORE), un formulario donde los Estados miembros registrarán los elementos clave de la decisión de retorno. Esto facilitará el reconocimiento mutuo en el futuro entre países europeos. Sin embargo, el reconocimiento mutuo seguirá siendo voluntario y se revisará tres años después de la entrada en vigor de la norma.
La nueva política de retornos consolidará los centros de deportación, con el objetivo de que los migrantes cuyos pedidos de asilo sean denegados estén fuera del territorio de la UE mientras se lleva a cabo su deportación definitiva. Esto se alinea con el modelo negociado por el Gobierno italiano para trasladar a migrantes sin derecho a asilo a Albania.
El presidente de la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Javier Zarzalejos, ha destacado que la UE tiene ahora una política migratoria más seria y ordenada. Asimismo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha defendido que para una política migratoria efectiva, debe existir una política de retorno creíble.
Sin embargo, el acuerdo ha recibido críticas por parte de organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que advierte que la legislación podría dejar a los migrantes en una situación de vulnerabilidad. También, la eurodiputada Mélissa Camara ha denunciado que el acuerdo es un retroceso histórico en los derechos fundamentales de las personas exiliadas, alertando sobre la legalización de centros de retorno fuera de la UE y las prácticas que podrían inspirarse en políticas migratorias más drásticas.
