La reciente votación en el Parlamento Europeo, celebrada el miércoles 8 de octubre, ha aprobado una propuesta que modifica los reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC). Esta decisión, presentada como un paso hacia la «simplificación», en realidad representa un retroceso ambiental significativo. Tal movimiento implica el debilitamiento de las normas esenciales de protección de suelos, pastizales y hábitats, generando preocupación sobre las prácticas perjudiciales que podrían exacerbar la degradación del medio ambiente europeo.
Para los ecologistas, los cambios aprobados ofrecen un cheque en blanco para la destrucción de hábitats valiosos y agravan la degradación del suelo. Esto no solo perjudica la naturaleza, sino que también afecta a los propios agricultores, limitando su capacidad para enfrentarse a la erosión, la pérdida de fertilidad y la crisis climática.
«En un día como hoy, en el que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, deberíamos reflexionar sobre la necesidad de construir sistemas agroalimentarios más saludables, justos y sostenibles. La decisión del Parlamento Europeo va en la dirección contraria, poniendo en riesgo precisamente aquello que debería proteger: los recursos naturales que hacen posible producir alimentos de calidad y garantizar el futuro del campo europeo», afirman numerosas organizaciones ambientalistas.
Pero no todo está perdido
Este viernes se celebra la primera reunión de los trílogos, donde la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento European tendrán que acordar el texto final. Aún hay margen para revertir algunos de los retrocesos aprobados y evitar que se consuma esta desprotección de la naturaleza.
En este sentido, las organizaciones ecologistas instan al Gobierno de España a actuar y a promover su influencia para que el Consejo y la Comisión preserven las garantías ambientales que permiten una agricultura más responsable, capaz de proteger los suelos, la biodiversidad y el futuro del propio sector agrario.
La Red Natura 2000 y los suelos: las principales víctimas
Entre los cambios que han sido aprobados, se destacan aquellos que eliminan o reducen las normas básicas de protección ambiental en el campo europeo, como la exención para las explotaciones ubicadas en espacios incluidos en la Red Natura 2000 de cumplir con las condiciones mínimas de conservación. Esto debilita la protección de las zonas más valiosas para la biodiversidad en Europa.
El argumento usado para justificar este cambio se basa en que los espacios Natura 2000 ya cuentan con planes de gestión, que supuestamente garantizan su protección ambiental. Sin embargo, muchos de esos planes llevan años sin revisarse, presentando la mayoría un grado de ejecución muy bajo y centrando su atención casi exclusivamente en medidas específicas para las especies y hábitats que motivaron su declaración.
Apenas contemplan disposiciones generales sobre las actividades económicas agrícolas que se llevan a cabo en estos espacios, a no ser que influyan positiva o negativamente en la integridad del mismo, lo que afecta a la aplicación de la PAC.
Intentar reemplazar la condicionalidad ambiental de la PAC canalizando criterios a través de los planes de gestión implicaría que tendría que revisarse prácticamente todos ellos para incluir dichos criterios. Solo en España existen más de 1.800 espacios Natura 2000, lo que convierte esta supuesta “simplificación” en una auténtica complicación administrativa.
La reforma también elimina la obligación de mantener medidas para prevenir la erosión y la pérdida de suelo. Este cambio resulta incomprensible en un contexto donde más del 60 % de los suelos europeos están degradados.
Además, se suprime la obligación de conservar los pastizales valiosos en espacios Natura 2000, permitiendo su arado y conversión, lo que afectará a los ecosistemas esteparios y a los principales sumideros de carbono agrarios.
A ello se suman otras modificaciones que favorecen los monocultivos, amplían exenciones ambientales sin garantías suficientes y reducen la protección de humedales, ecosistemas clave para la regulación hídrica.
En esta situación, las entidades ecologistas exigen la realización de una adecuada evaluación según la Directiva 42/93/CE y la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para que la autorización administrativa de estas acciones en espacios Natura 2000 garantice que no se verán afectados negativamente los hábitats ni las especies por las cuales se designaron los espacios, ni su integridad.
Supone un retroceso político y ambiental
La propuesta fue aprobada sin una evaluación de impacto ambiental ni una consulta pública adecuada, lo que infringe los principios de buena gobernanza de la UE y genera incertidumbre entre los propios agricultores, quienes son los principales perjudicados por este desmantelamiento que pone en riesgo sus recursos.
La organización ambiental lamenta que, en lugar de avanzar hacia una agricultura más justa, resiliente y sostenible, Europa haya optado por regresar a modelos que dañan el suelo, la biodiversidad y la credibilidad de sus propias políticas verdes.
Por este motivo, y ante la inminente reunión de mañana, ecologistas lanzan un llamamiento al Gobierno de España, a la Presidencia Danesa del Consejo y a la Comisión Europea para que actúen con urgencia y detengan ese ataque a la biodiversidad de Europa.
