MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) – La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que obliga a grandes empresas a atender a sus clientes en las diversas lenguas cooficiales, afrontará esta semana su último trámite en el Congreso antes de ser remitida al Senado para continuar su tramitación.
En concreto, el Pleno deberá decidir si da el visto bueno al texto donde se enmarca la reforma que el Gobierno pactó con Junts. Esta reforma obliga a empresas de más de 250 trabajadores, que facturan más de 50 millones de euros o que prestan servicios de interés general, a ofrecer atención al cliente en las diferentes lenguas cooficiales del Estado.
Entre otros objetivos, el proyecto, que emana del Ministerio de Consumo liderado por Pablo Bustinduy, busca que el 90 % de las llamadas a grandes empresas sean atendidas en menos de tres minutos y que no se utilicen sistemas automatizados como único método de atención.
Aunque Junts ha anunciado un bloqueo contra la actividad legislativa del Gobierno, la formación catalana aclaró que esta es una de las normas que apoyará porque ya se había alcanzado un acuerdo previamente.
Atención en catalán
La medida de la atención en las lenguas cooficiales establece que, a solicitud de la persona consumidora o usuaria en comunidades autónomas que dispongan de varias lenguas oficiales, «se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite, siempre y cuando la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que dispongan de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma».
Asimismo, la norma establece que, para asegurar que la presentación de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias de las empresas que prestan servicios en comunidades autónomas con lengua oficial diferente al castellano se realice «en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales» cuando el servicio de atención a la clientela sea dirigido a clientela situada en comunidades que dispongan de lenguas cooficiales.
Algunas de las novedades introducidas en la ley durante su paso por comisión tienen que ver con la regulación de los juegos de apuestas. En concreto, la ley incorpora en la legislación sobre el juego la figura del ‘influencer’.
Mediante una enmienda pactada entre PSOE, Sumar y ERC, se incluye en la Ley de Juego de 2011 a los «personajes de relevancia o notoriedad pública», que serán aquellos sujetos que gocen de un «amplio reconocimiento» por la sociedad en su conjunto o, en su caso, por determinados colectivos cualificados en atención a preferencias, aficiones, intereses, profesiones, o cualquier otro criterio que los singularice como colectivo.
Por otro lado, se establece que el uso efectivo de las promociones ofrecidas por los operadores solo se podrá realizar por aquellos de sus clientes que tengan una cuenta de juego abierta durante, al menos, treinta días y hayan sido verificados documentalmente.
Solo se aceptarán medios de pago nominativos
A partir de esta ley, los operadores habilitados para realizar actividades de juego solo podrán aceptar medios de pago nominativos y de titularidad del participante. También deberán comprometerse a disponer de una o varias cuentas corrientes en entidades de crédito en España a nombre del operador, donde se ingresarán los saldos de los jugadores destinados a la participación en los juegos, incluidos tanto los depósitos realizados como los premios obtenidos.
Las cuentas serán exclusivas y diferenciadas de las demás cuentas que pudiera tener el operador para su funcionamiento operativo, no pudiendo realizarse sobre ellas ningún acto de disposición de los importes depositados para fines distintos al desarrollo ordinario de los juegos.
Registro de proveedores de juego
El texto también regula la creación de un registro de proveedores de juego, en el que se inscribirán los datos de las personas físicas o jurídicas que presten los servicios o proporcionen los componentes propios de los sistemas técnicos de juego a operadores de juego. Esto tiene como finalidad hacer efectiva la prohibición de que estos servicios o componentes sean ofrecidos en territorio español por terceros no titulares de la correspondiente licencia.
Adicionalmente, se aprobó una reforma en comisión para prohibir las llamadas spam realizadas con números de teléfono fijo. De esta manera, las grandes empresas estarán obligadas a usar un prefijo para sus llamadas comerciales, y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las llamadas que no usen ese prefijo. Las llamadas comerciales sin consentimiento quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas serán anulados.
Por último, la norma que todavía tiene que debatirse en el Pleno exime de su aplicación a las comercializadoras de luz, gas y servicios telefónicos cuya cuota de mercado en el país no llegue al 5 %, de modo que no tendrán que contar con servicio de atención al cliente durante 24 horas.
