La asesora del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que ha decidido llevar el presunto delito de malversación a un juicio con jurado popular, en lugar de un tribunal compuesto por jueces. Este acontecimiento se enmarca en el conflicto judicial en el que se encuentra inmersa Álvarez, quien defiende que no ha desatendido sus funciones al participar también en «tareas privadas» de Gómez.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Álvarez plantea que la resolución de Peinado contradice un criterio previamente establecido por la Audiencia Provincial de Madrid. En un auto emitido en junio de 2025, esta última negó «de manera expresa y tajante» la posibilidad de que Álvarez hubiera cometido malversación.
La defensa considera que el auto del juez Peinado «mutila» la resolución anterior y cita de manera «descontextualizada» pasajes de esta para «disimular su rebeldía». En su opinión, la Audiencia solo había encontrado indicios de un posible «tráfico de influencias». Además, recuerda que en mayo de 2025, el propio Juzgado de Instrucción rechazó una querella presentada por Vox contra Álvarez por malversación al entender que no se le podía atribuir responsabilidad penal por el desempeño de su trabajo.
Desde la perspectiva legal de Álvarez, el cambio de criterio del juez significa una vulneración de «la seguridad jurídica». En este sentido, el recurso argumenta que los mismos hechos han sido calificados de manera diferente en distintas resoluciones sin que se hayan presentado nuevas diligencias o indicios, lo que para la defensa evidencia una «incoherencia».
Álvarez cumplió con sus obligaciones «de manera exquisita»
La defensa también enfatiza que Álvarez no cuenta con la «cualificación específica» necesaria para haber cometido el delito de malversación, ya que esta figura requiere una «relación funcional con el caudal público», y recalca que «no se ha producido perjuicio a las arcas públicas». Además, sostiene que «no consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez». En este sentido, el documento resalta que Álvarez ha cumplido con sus responsabilidades «de manera exquisita».
Por estas razones, la defensa de la asesora de Gómez solicita a la Audiencia Provincial que «dicte Auto por el que estime el presente recurso de apelación y deje sin efecto la resolución recurrida» en lo relativo a su cliente.
