MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) – José Luis Ábalos, exministro de Transportes, recibió de su entonces asesor Koldo García la autorización que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria había dado a la empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, para suministrar las mascarillas y test que acabaron proveyendo a distintas administraciones en plena pandemia. La compra de este material se investiga por presuntos amaños. «El pollo está en el horno», celebró uno de los socios del empresario en conversaciones de WhatsApp que sustentan el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Este informe se ha centrado en la compra de material sanitario en pandemia por parte del Gobierno de Canarias, dirigido por Ángel Víctor Torres, a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama, y ha sido remitido a la Audiencia Nacional.
César Moreno envió a través de un grupo de WhatsApp los documentos solicitados por García a Ignacio Díaz Tapia, otro de los socios. En ese intercambio, Moreno preguntó si se debía presentar el papel sin firmar. En respuesta, comentó que «el pollo está en el horno», lo que indicaba que los documentos ya habían sido enviados, a los que Díaz Tapia agradeció su prontitud.
El documento en cuestión acreditaba que la empresa de material sanitario Megalab era «uno de los proveedores aprobados por el Gobierno de España» para la venta de test de Covid-19. Este envío se realizó el 14 de diciembre de 2020 a un grupo denominado ‘Fertinvest’, que incluía a él, Díaz Tapia y Javier Serrano, todos socios de Aldama.
Díaz Tapia había indicado a Moreno la urgencia de conseguir la documentación, ya que tenía una reunión con García una hora después de solicitarla. Durante el primer año de la pandemia, mantuvo un contacto constante con altos cargos del Ejecutivo canario, como Torres o Antonio Olivera, para gestionar los contratos de pruebas de Covid-19.
Primer contrato a dedo
El 20 de mayo de 2020, en el chat ‘Fertinvest’, Serrano escribió: «Primer concurso a dedo que nos hacen. Me he presentado. 18.500 euros nos van a adjudicar», refiriéndose a un documento que incluía las bases para acceder al contrato de Ineco. Este documento, que figura en el sumario, estipula que «la empresa adjudicataria deberá encargarse de 240 pruebas» de coronavirus y deberá contar con los medios humanos y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
A partir del anuncio del contrato, los tres socios, junto a Aldama, quienes mantuvieron contacto con Koldo García, comenzaron a elaborar negocios con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares para realizar tests de Covid-19 en aeropuertos, como se resalta en los mensajes analizados por la UCO.
Dudas en Canarias por la contratación
La UCO afirma que Olivera garantizó la adquisición de mascarillas mientras que responsables de la tramitación de la compra en la administración canaria expresaron «dudas» sobre la viabilidad de la operación, cuestionando el precio y la calidad del material.
La Guardia Civil apunta que la propuesta de contratación de Soluciones de Gestión por parte del Gobierno canario habría llegado desde el Ministerio de Transportes, entonces bajo la dirección de José Luis Ábalos, a través de Olivera.
Asimismo, se indica que los responsables de la contratación en la administración canaria manifestaron «dudas» sobre la conveniencia de este contrato, dado un precio que percibían como «fuera de mercado» y una supuesta «reserva suficiente» de material sanitario ya adquirida.
