MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) – El cantante Julio Iglesias ha solicitado nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le envíe el documento que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus exempleadas, con el fin de «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa».
En un escrito al que ha tenido acceso su letrado, se dirige al Ministerio Público días después de que este decidiese archivar las diligencias contra Iglesias ante la «falta de competencia» del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe. Su abogado, concretamente, pide a la Fiscalía «copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal», asegurando que «no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él».
El escrito señala la necesidad de acceso a la denuncia para «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado».
La representación del cantante ha criticado que el decreto de archivo de la Fiscalía haya «asignado a las denunciantes como testigos protegidos», indicando que estas «a través de sus representantes y medios afines», han «orquestado una agresiva campaña mediática» contra Iglesias que ha «lesionado irreversiblemente su derecho al honor». La defensa argumenta que esta condición de testigos protegidos no debería limitar el acceso del denunciado al contenido de las diligencias, ni privarle de conocer la denuncia y de la información que se difunde en medios de comunicación.
El archivo de la Fiscalía
El pasado viernes, la Fiscalía publicó su decreto de archivo, destacando la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles» y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados. La Fiscalía recordó que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello».
El decreto también señalaba que, aunque el delito de trata de seres humanos –uno de los denunciados– se persigue extraterritorialmente, el procedimiento necesita que el caso se dirija contra un español y que existan elementos de conexión con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país.
En este contexto, el Ministerio Fiscal indicó que «las víctimas son extranjeras», no residen en España y que «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes» para conocerlos, siendo que los denunciados, además de Iglesias, incluyen a un ciudadano brasileño y otro colombiano que tampoco residen en España. La resolución concluye que la Audiencia Nacional ha confirmado que España «no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país».
La denuncia de las extrabajadoras
Dos antiguas trabajadoras –una empleada de hogar y una fisioterapeuta– han declarado haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones en su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Noticias. Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, describiendo situaciones de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales, que, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.
La investigación ha contactado con 15 exempleadas del servicio, entre las que hay personal doméstico y otras profesionales que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España. La empleada que ha afirmado haber sufrido penetraciones relató que el cantante español, en ese momento con 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar su jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», comentó durante una entrevista con los investigadores.
Las trabajadoras también informaron sobre «condiciones de aislamiento» y «tensión ambiental» atribuida al carácter irascible de Iglesias. Las testimoniales de las dos mujeres que denunciaron agresiones sexuales fueron documentadas tras numerosas entrevistas a lo largo de un año, siendo consideradas consistentes y estables. Las declaraciones fueron contrastadas con amplia documentación, que incluye fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos, entre otros documentos.
Los hechos mencionados por las trabajadoras habrían ocurrido en las residencias de Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas), supuestamente con el conocimiento de las encargadas de la gestión del hogar y la contratación de personal.
