La Ley do Clima de Galicia es una normativa pionera en la comunidad que busca integrar la sostenibilidad en todos los ámbitos de la acción pública y privada. Se trata de una normativa de carácter transversal, lo que implica que sus principios y objetivos se reflejarán en políticas de energía, transporte, industria, agricultura, urbanismo y gestión del territorio.
Dentro de este marco regulatorio, se contemplan diversas medidas, entre ellas las ayudas fiscales que serán aplicables a aquellas empresas que se comprometan a reducir la huella de carbono de su actividad. Este compromiso, además, se verá traducido en ventajas durante los procesos de contratación pública por parte del ejecutivo autonómico.
Todo un futuro sostenible por delante con la Ley do Clima de Galicia
El Gobierno gallego ha aprobado la Ley do Clima de Galicia, que tendrá un carácter transversal y recogerá, entre otras cuestiones, incentivos fiscales para empresas que reduzcan su huella de carbono, priorizando esta cuestión en la contratación pública.
Para incentivar al sector privado a impulsar acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos en materia de cambio climático, se creará un registro gallego de personas promotoras de la neutralidad climática, con adhesión voluntaria, que recogerá los compromisos ambientales asumidos por organizaciones públicas o privadas para reducir o compensar su huella de carbono.
También se contempla la implementación del sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta, que permitirá a empresas, organizaciones e incluso ciudadanos compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) comprando créditos de proyectos que reducen o eliminan gases, como iniciativas de reforestación, conservación de bosques, acuicultura o uso de energías renovables.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángela Vázquez, ha detallado que esta norma regularizará la “contratación pública verde”, de forma que en los contratos públicos o subvenciones se dará “un peso específico” a los proyectos que reduzcan la huella de carbono y se establecerán criterios de proximidad en productos y servicios. Además, se introducirá la posibilidad de incorporar cláusulas climáticas específicas en la convocatoria de ayudas públicas.
Con estas medidas, se busca que los procesos de contratación de la Xunta se rijan por los principios de la ley y sirvan de ejemplo de una nueva forma de relacionar la actividad humana con el ecosistema, promoviendo un modelo productivo y de consumo circular basado en el reaprovechamiento de recursos.
“La perspectiva climática” también se introducirá en la elaboración anual de los presupuestos generales de la Xunta, que incluirán partidas orientadas a avanzar en la mitigación y adaptación al cambio climático en Galicia. Para facilitar esta transición, se definirán medios de apoyo técnico y asesoramiento a disposición de los órganos de contratación, así como un programa formativo para su personal. También se elaborará un catálogo que defina las posibles cláusulas climáticas y ambientales a introducir en los distintos tipos de contratos y las instrucciones para su adaptación a los pliegos.
Lograr la neutralidad climática en el 2040
Con esta nueva normativa, que se remitirá al Parlamento para su aprobación, se crearán nuevas herramientas de participación, entre las que destaca la Oficina de Cambio Climático. Además, se elevará al rango de ley el objetivo de conseguir la neutralidad climática en el horizonte del año 2040, diez años antes de lo que marca Europa.
Para lograrlo, Galicia se ha propuesto reducir en 2030 las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en un 75 % con respecto a 1990, año de referencia a nivel mundial para las políticas climáticas. Para alcanzar estos objetivos, la titular de Medio Ambiente ha subrayado la importancia de una estrategia multidisciplinar que se apoyará en tres instrumentos de acción climática previstos en la ley para avanzar en las metas fijadas por ley.
Estos instrumentos son la Estrategia Gallega de Cambio Climático, los planes regionales integrados de acción y los planes de acción local por el clima, que la ley establece como obligatorios para ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, con el objetivo de reforzar a nivel local las acciones de mitigación y adaptación. Vázquez ha recordado que, de hecho, 17 de los 23 ayuntamientos gallegos que se encuentran en esta franja de población ya han elaborado y presentado su propio plan de acción.
Competencias en materia meteorológica
Previamente, y a raíz de la situación que afectó a Valencia durante la dana del pasado mes de octubre, la Xunta ya anunció su intención de solicitar el traspaso de las competencias en meteorología, con el fin de optimizar la efectividad de las alertas meteorológicas y aprovechar los datos proporcionados por Meteogalicia en la comunidad.
En respuesta a las preguntas de los medios, Vázquez ha destacado que esta nueva norma, en una línea similar a la fórmula empleada en la ley autonómica del litoral, busca “anticiparse” y establecer un marco sustentado en la convicción de que las competencias meteorológicas deben ser asumidas por la propia comunidad autónoma. En este sentido, en Galicia “regulamos lo que entendemos que es nuestro y, a partir de ahí, cuando esté aprobada la ley, y como es lógico, así lo avanzó el presidente.”
Esta nueva normativa, que se ha aprobado recientemente, se enmarca en los compromisos internacionales y europeos para alcanzar la neutralidad climática en 2050, reforzando así la apuesta de la comunidad gallega por un desarrollo económico basado en la innovación verde. La ley no solo pretende reducir la huella ecológica, sino generar oportunidades de empleo, inversión y competitividad, posicionando a Galicia a la vanguardia de las políticas climáticas regionales en España.
