MADRID 15 oct. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Igualdad considera que la libertad del aborto está garantizada y, por ello, centra la reforma para blindarlo en la Constitución en reforzar su dimensión prestacional.
Fuentes ministeriales han declarado que el Consejo de Ministros aprobó la iniciativa para iniciar los trámites que busquen blindar el aborto en la Carta Magna. El objetivo, según indicaron, es asegurar que todas las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de «igualdad y equidad».
Propuesta de modificación constitucional
Para ello, el Gobierno ha propuesto incluir un nuevo apartado al artículo 43 de la Constitución (derecho a la salud), que quedaría así: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».
Las fuentes mencionadas sostienen que la libertad de decidir está garantizada, aunque es necesario asegurar cómo se ejerce, en qué condiciones y con qué medios.
Este planteamiento parte de la premisa de que el aspecto de libertad del aborto fue consolidado por la sentencia 44/2023 del Tribunal Constitucional, que reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo bajo la libertad personal protegida por los artículos 10 y 15 de la Constitución.
Procedimiento legislativo y posibles obstáculos
La reforma no busca modificar los derechos fundamentales, sino reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar su ejercicio, centrándose en la dimensión prestacional. El Ejecutivo pretender llevar a cabo esta modificación mediante el procedimiento del artículo 167, que requiere mayorías cualificadas de tres quintos en el Congreso y en el Senado. En caso de no haber acuerdo, se intentará lograrlo a través de una Comisión paritaria que presentará un texto que será votado por ambas cámaras.
Si no se logra la aprobación mediante este proceso y siempre que el texto cuente con el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Una vez aprobada por las Cortes Generales, esta podría ser sometida a referéndum si así lo solicitan, dentro de los quince días posteriores a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Expectativas y debate social
La reforma será remitida al Consejo de Estado, que deberá emitir un dictamen en un plazo de dos meses. El Ejecutivo ha optado por el procedimiento ordinario en lugar del de urgencia, destacando la importancia del debate social sobre el derecho al aborto de las mujeres y prevé que la reforma llegue al Congreso «a principios de 2026».
Los votos del Partido Popular son clave para la aprobación de la propuesta. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que se dialogará con «todos» los grupos para explicar el proyecto, esperando que los ‘populares’ estén «a la altura de este reto». Sin embargo, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo han rechazado en múltiples ocasiones brindar su apoyo.
Frente a la ola reaccionaria
Redondo también justificó el momento de la reforma como una respuesta ante la «ola reaccionaria» tanto a nivel nacional como internacional, que busca «devolver a las mujeres» a «situaciones pasadas». La ministra afirmó que, ante esta situación, es necesario «blidar los derechos de las mujeres», enfatizando que los gobiernos del Partido Popular y Vox han hecho de los derechos de las mujeres un campo de batalla desde el inicio de su mandato.
