El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa en el marco del juicio que deberá enfrentar por la presunta revelación de secretos que involucraría a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz reivindica su inocencia y señala que el «núcleo esencial» de la información relevante fue divulgado por «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», enfatizando que alrededor de 600 personas tuvieron acceso al contenido clave de la supuesta filtración.
En el documento, al que ha tenido acceso la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz, se argumenta que no hay delito, ya que su actuación fue una reacción legítima dentro de sus competencias para proteger la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de sus miembros, amenazados por una campaña de desinformación.
La defensa desafía la versión del magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, quien sostiene que García Ortiz fue responsable de filtrar a la cadena SER, el 13 de marzo de 2024, un correo electrónico que la defensa de González Amador había enviado previamente a la Fiscalía, ofreciendo reconocimiento de delitos fiscales a cambio de un pacto.
La Abogacía presenta un relato cronológico de los hechos, que abarca desde el inicio de la investigación sobre González Amador en enero de 2024 hasta la publicación de una nota de prensa con intercambios de correos electrónicos entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto el 14 de marzo. Sostiene que no hay «ninguna conexión lógica» entre la publicación del correo y García Ortiz.
La defensa argumenta que fue ‘eldiario.es’, con información de investigadores desde el 6 de marzo, quien desató una «operación orquestada» desde el aparato institucional para mitigar las repercusiones políticas negativas de la noticia.
Se desarrolló un relato alternativo que presentaba a González Amador como víctima de una operación política impulsada desde el Gobierno, con la complicidad ilícita de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía, en un intento de desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La defensa pone el foco en las acciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, quien, desde las 19:00 del 13 de marzo, comenzó a enviar mensajes a varios periodistas por WhatsApp, proporcionándoles información distorsionada sobre la situación, alegando que la propuesta de acuerdo había sido iniciada por la Fiscalía.
Asimismo, argumenta que el mismo día, Rodríguez conectó a González Amador con un periodista de ‘El Mundo’, resultando en la publicación de una versión alterada de los hechos.
La defensa de García Ortiz destaca que ‘El Mundo’ publicó información crítica que revela detalles importantes sobre las negociaciones entre González Amador y la AEAT, y sus declaraciones. Esto llevó a la Fiscalía a experimentar desconcierto y preocupación por el impacto de dicha publicación en la percepción pública y la reputación de su actuación.
Desconcierto y preocupación
La defensa destaca que García Ortiz no tenía conocimiento previo de la existencia de correos entre el fiscal encargado del caso y la defensa de González Amador hasta las 23:44 del 13 de marzo. La publicación del artículo generó confusión y llevó a García Ortiz a activar urgentemente las investigaciones internas para aclarar los hechos, recibiendo gran parte de los correos involucrados poco antes de la medianoche.
El borrado, por razones de seguridad
La defensa alega que fue el abogado de González Amador quien rompió cualquier posible confidencialidad al enviar el correo a una dirección general de la Fiscalía. Además, asegura que había aproximadamente 600 funcionarios y trabajadores del Decanato de los Juzgados de Madrid que tenían acceso a la información relacionada con dicha investigación.
Se señala como un indicio en contra de García Ortiz el borrado de su móvil y su cuenta de Gmail, acciones que la Abogacía defiende como medidas de seguridad y en respuesta a la recepción de mensajes hostiles tras la divulgación de la información.
Por último, se propone la testificación de González Amador y Rodríguez para el juicio y se rechaza la comparecencia del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien ha solicitado una acusación popular, argumentando que no hubo perjuicio alguno para González Amador, quien aún tiene abierta la posibilidad de alcanzar algún pacto.
