Al menos ocho presos políticos militares fueron excarcelados este viernes en Venezuela, según informó en la red social X el presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.
Entre los excarcelados se encuentran Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada, de acuerdo con la organización no gubernamental.
Foro Penal indicó que ambos estaban «arbitrariamente» detenidos desde agosto de 2024, en un contexto de crisis tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que posteriormente no publicó las actas de votación.
#27Feb 19:15 p.m. Se están produciendo en varios estados del país excarcelaciones de militares. Aún no está claro si estas excarcelaciones están vinculadas a la Ley de Amnistía o son revisiones de las medidas privativas de libertad (medidas cautelares).
El grupo de militares fue excarcelado ocho días después de que el Parlamento aprobara una amnistía que abarca un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder. Esta normativa establece que se concederá amnistía a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.
¿Cómo van las excarcelaciones tras la amnistía?
Hasta la tarde del jueves, Foro Penal contabilizaba 182 presos políticos militares, así como 386 civiles, lo que suma un total de 568. Más temprano este viernes, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, el chavista Jorge Arreaza, indicó que un total de 223 personas han salido de prisión desde la aprobación de dicha normativa el 19 de febrero.
La amnistía ha beneficiado a 223 personas «que estaban privadas de libertad» y a 4.534 personas que tenían libertades restringidas con «medidas cautelares», según detalló el diputado en un mensaje en Telegram.
En total, se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades para la amnistía, las cuales, según la normativa, deben resolverse en un plazo no mayor a 15 días.
