MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) – El exdiputado Íñigo Errejón, una de las figuras relevantes de la política española durante la última década, se mantiene alejado del foco mediático y político un año después de su dimisión, y está pendiente de la resolución de la causa judicial en su contra tras la denuncia por presunta agresión sexual de la actriz Elisa Mouliaá en 2021.
El 24 de octubre del año pasado, el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso emitió un comunicado anunciando sorpresivamente que dejaba todos sus cargos políticos. En el mismo, aludía a motivos de salud mental y exponía de forma críptica que la primera línea generaba una «subjetividad tóxica», señalando que había llegado al «límite de la contradicción entre el personaje y la persona».
Por su parte, Sumar emitió otro comunicado indicando que se había abierto una investigación a raíz de las acusaciones en redes sobre comportamientos inadecuados hacia mujeres, que comenzaron a gestarse dos días antes, motivadas por denuncias anónimas publicadas por la periodista Cristina Fallarás.
A su vez, Errejón envió un último mensaje a los integrantes del grupo parlamentario antes de salir de un canal de la aplicación Telegram compartido por todos los diputados, expresando que sentía el perjuicio causado.
La formación y sus principales dirigentes defendieron que actuaron con contundencia ante las denuncias que afectaban a su exportavoz, pidiéndole que dejara todas sus responsabilidades políticas sin esperar a la apertura de expediente. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, declaró que Errejón no debió ser «ni diputado ni portavoz de Sumar».
La mayor crisis de Sumar: fue una «bomba nuclear»
Este escándalo provocó una de las mayores crisis en la corta vida del partido Movimiento Sumar, al ver cómo uno de sus principales activos era señalado por comportamientos machistas, cuando el feminismo es una de las principales banderas de la formación. El secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, describió gráficamente el caso de Errejón como una «bomba nuclear».
La formación trasladó repetidamente sus disculpas, anunció medidas de acompañamiento y apoyo a las víctimas, y reconoció que sus protocolos fallaron en este caso, procediendo a reforzarlos. Asimismo, desplegaron un canal de denuncias y un sistema antiacoso a través de su página web.
Desde entonces, diversos diputados del grupo consultados recuerdan la indignación, sorpresa y decepción con su excompañero. Varias voces de este espacio político han señalado que el contacto con él quedó roto en ese momento y dejan claro que la relación seguirá siendo inexistente, independientemente de lo que ocurra con la causa judicial.
Tras esta sacudida, Sumar reemplazó a Errejón por la actual portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, la tercera persona en ocupar el cargo, que buscó rearmarse con una segunda asamblea estatal que renovó la dirección.
Antes de que estallara el caso, las distintas federaciones de Más País, la formación que impulsó Errejón para presentarse a las elecciones generales, acordaron su integración en Sumar.
Indemnización del Congreso y declaración de bienes
Errejón, cofundador de Podemos e impulsor también de Más Madrid, se mantiene alejado desde entonces de la vida pública y solo se ha pronunciado públicamente una vez ante la prensa, cuando, en calidad de investigado, fue a declarar en enero en los juzgados de Plaza Castilla. Allí proclamó su inocencia y expresó su tranquilidad ante la actuación de la justicia. Se espera que continúe en silencio hasta que se resuelva el proceso judicial en el que está inmerso.
Con su renuncia al escaño, tenía derecho a una indemnización por sus ocho años como miembro del Congreso, cuantificada en 25.000 euros, que ya dejó de percibir en junio de este año.
En su última declaración de bienes, antes de su salida, indicó que disponía en octubre del año pasado de 363.966 euros en depósitos y cuentas bancarias, 300.000 más de lo que consignó cuando obtuvo escaño por primera vez.
El juez se ha dado de plazo hasta el año que viene
Actualmente, Errejón espera la resolución de la investigación judicial que dirige el juez Adolfo Carretero tras la denuncia de Mouliaá. Esta causa se prolonga desde hace meses y el magistrado se ha dado hasta el año que viene como plazo para concluir las pesquisas.
En su comparecencia judicial, el exdiputado declaró que actuó con consentimiento y que había dimitido de sus cargos no por los hechos denunciados, sino porque perdió la confianza de su formación política. «Yo pierdo la confianza de mis dirigentes y cuando uno es político, cuando pierde la confianza de sus jefes, se tiene que ir. (…) Yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y aunque sea en redes, es plenamente válido (…) Yo no puedo ser portavoz de un espacio así y a la vez defender mi inocencia; entonces yo tengo que dar un paso atrás, y doy un paso atrás».
Este viernes, el juez Carretero ha tomado declaración a dos psiquiatras que atendieron a Mouliaá en el marco de la causa. Estos han reconocido que le recetaron antidepresivos en 2023, dos años después del episodio con el expolítico, sin que la intérprete aludiera en las consultas a ese momento.
