MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) – La presencia de las mujeres en el sector del largometraje ha alcanzado el 38 por ciento en 2024, un punto porcentual más que el año anterior. Este dato ha sido revelado en la 10.ª edición del Informe sobre la situación de las mujeres en el cine español, que también confirma la «brecha estructural» en los presupuestos, ya que las películas dirigidas por mujeres cuentan con un 24 por ciento menos de recursos, lo que se traduce en más de 500.000 euros de diferencia por título.
La presentación del informe tuvo lugar el pasado lunes en la Academia de Cine, en el marco de la celebración del Día del Cine Español. Este análisis abarca los últimos diez años de la participación de las mujeres en el sector del largometraje, periodo en el que se ha pasado del 26 por ciento en 2015 al 38 por ciento en 2024.
La entidad ha destacado la aceleración en la representatividad femenina en el último lustro y augura que, si esta tendencia continúa, «se podría alcanzar un mínimo equitativo del 40% en 2026».
A pesar de estos avances, CIMA ha lamentado que las brechas persisten en los sectores históricamente feminizados, como el vestuario y la peluquería, que «apenas cambian». En contraste, áreas tradicionalmente «masculinizadas» como Producción (24%), Dirección de Fotografía (21%), Composición Musical (26%) y Sonido (26%), siguen muy alejadas de parámetros equitativos.
El informe también confirma que las películas dirigidas por mujeres reciben un 24 por ciento menos de recursos. Mientras las ayudas selectivas agravan esta desigualdad (–30%), en las ayudas generales la diferencia se reduce, de acuerdo con la entidad.
A partir de estos resultados, CIMA ha identificado tres retos principales a abordar: consolidar y acelerar la feminización en los puestos de liderazgo, corregir la desigualdad económica que afecta la competitividad de las mujeres cineastas, y garantizar una mayor diversidad interseccional, rompiendo con la homogeneidad cis, blanca y normativa que aún predomina en el cine español.
En cuanto al papel de los agentes en 2024, el 36 por ciento de los largometrajes comprados o coproducidos por RTVE, Atresmedia Cine y Telecinco Cinema fueron dirigidos por mujeres. RTVE tuvo un 38 por ciento, Telecinco un 33 por ciento y Atresmedia un 31 por ciento. Entre las plataformas que producen cine español, la que más apoya las películas dirigidas por mujeres es Movistar Plus+ (34%), seguida de Netflix (22%) y Amazon Prime (13%), mientras que Filmin no presentó ninguna.
Diversidad delante y detrás de la pantalla
El análisis de las producciones de ficción estrenadas en 2024 muestra un resultado preocupante en cuanto a diversidad. El 100 por ciento de los papeles protagonistas están interpretados por personas con identidades cisgénero, mientras que las identidades de género no hegemónicas apenas alcanzan el 0,6 por ciento, y únicamente en papeles secundarios.
CIMA señala también la ausencia de intérpretes con cuerpos no normativos (6%) y la no normatividad se feminiza, ya que el 62,16 por ciento de los cuerpos considerados no normativos en pantalla corresponden a mujeres cis.
En otro punto, afirman que «la discapacidad es casi invisible», dado que los intérpretes con discapacidad representan un 0,65 por ciento y los personajes con discapacidad ascienden a un «escaso 4,88 por ciento». En lo que respecta a las personas racializadas, son los intérpretes y personajes blancos quienes concentran la representación, con un 4,55 por ciento de intérpretes y un 3,90 por ciento de personajes.
A esto se suma el edadismo de género. Las mujeres cis se concentran en los papeles protagónicos entre los 26 y 45 años, mientras que los hombres cis ocupan una posición central a partir de los 46 años (70,27% en el grupo de 46-50 años y 61,29% en el de 51-55 años).
Por último, CIMA recomienda implementar medidas de casting inclusivo y establecer criterios que promuevan el acceso de identidades no cis, racializadas, con discapacidad y corporalidades no normativas a roles protagónicos. También sugiere narrativas que representen estas identidades más allá del conflicto y establecer un seguimiento interseccional basado en indicadores públicos que permitan reducir las brechas de empleabilidad y representación.
