La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha censurado la propuesta pactada entre Junts y el Gobierno de España, que obliga a las empresas con más de 250 trabajadores a prestar atención al cliente en catalán, considerándola una violación a la libertad empresarial.
En específico, Junts anunció que ha acordado con el Ejecutivo central una reforma legal que requiere que los servicios de atención al cliente ofrezcan la posibilidad de comunicarse en catalán a los consumidores que hayan adquirido servicios en Cataluña, sin importar si la sede de la empresa está o no en esa comunidad autónoma.
Reacciones de los Empresarios
«Los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones que dañan la competitividad empresarial. Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales», subrayó CEIM en un comunicado.
Desde la patronal madrileña, se ha destacado que las empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen, en su mayoría, esta posibilidad a sus clientes y proveedores como parte de su estrategia empresarial, “sin necesidad de imposiciones”.
Cronicidad del Debate
Además, los empresarios criticaron que esta medida no ha sido debatida con las propias empresas afectadas, argumentando que «las decisiones se toman en el ámbito político y se aplican al privado sin medir las consecuencias».
«A pesar de que la medida puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista (Junts), sorprende que el Gobierno, que debería velar por el interés general, acepte intervenir en la libertad de empresa e imponga esta medida a empresas radicadas fuera de Cataluña», apuntaron desde CEIM.
Impacto en la Productividad y Costes
En un contexto marcado por «un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas», advirtieron que esta obligación podría resultar en que las empresas de sectores básicos de interés general «tengan que implementar un servicio de atención al cliente en catalán, con el sobrecoste que ello implica y la merma de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno».
«Lejos de velar por el interés general, el Ejecutivo está aceptando intervenir en la libertad de empresa solo por contentar a los nacionalistas y mantenerse en el poder. Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas», concluyeron.
