El PSOE ha enviado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid una documentación en la que reconoce haber realizado un pago total de 15.612,04 euros brutos a la exmilitante socialista Leire Díez, quien trabajó como periodista para el PSOE de Cantabria durante el año 2017. A pesar de este reconocimiento, el partido asegura que Díez «no ha tenido relación laboral» con ellos ni ha ocupado «cargos orgánicos» dentro de la organización. Sin embargo, se menciona que Díez fue concejal del Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista en dicho municipio.
La documentación revela que Díez fue dada de alta como militante socialista el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya), y luego en la agrupación de Vega de Pas, causando baja el 4 de junio de 2025. El juez ha requerido al PSOE que aclare si Díez «es o ha sido afiliada» y qué actividades llevó a cabo en el seno del partido, así como si recibió alguna remuneración por dichas actividades.
A su vez, el juez solicitó a la Comisaría General de Policía Científica que mejore el audio de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa durante su reunión con Díez. También se pidió que se verifique si dicha grabación pudo haber sido realizada por uno de los asistentes o por un tercero.
Detención de Leire Díez
La Guardia Civil detuvo el pasado 10 de diciembre a Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Esta operación, que está siendo coordinada por la Audiencia Nacional, se lleva a cabo bajo el marco de una causa que el juez Antonio Piña dirige, la cual se encuentra bajo secreto de sumario y cuenta con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.
Díez también está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. El magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre, en la cual se le imputa haber ofrecido favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El juez instructor considera que Díez «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada», en colaboración con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Russiñol, quienes también están siendo investigados. Se les acusa de «recabar información comprometida o irregular» para «anular o malbaratar» investigaciones relevantes que afectan a políticos y empresarios.
Durante su declaración el 17 de noviembre, Díez afirmó haber mantenido dos reuniones con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero insistió en que dichas reuniones fueron en calidad de periodista, negando cualquier vínculo con el partido o haber ofrecido favores.
En su testimonio, Díez repasó su vida laboral y mencionó que en 2018 empezó a trabajar en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), perteneciente a la SEPI, como «técnico de comunicación». Se quedó en Enusa hasta 2021, cuando solicitó una excedencia para aceptar un puesto de jefa de Relaciones Institucionales en Correos.
En libertad con medidas cautelares
Tres días después de su detención, el juez Antonio Piña acordó dejar en libertad a Leire Díez, junto a Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, imponiendo medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en el juzgado.
La Audiencia Nacional, hace una semana, bloqueó las cuentas bancarias de Díez, Fernández y Alonso, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos. Este bloqueo fue impulsado por el juez Antonio Piña, quien estuvo de guardia durante los primeros pasos de la causa.
Se sospecha que Díez, Fernández y Alonso están implicados en una trama que presuntamente cobró 700.000 euros en comisiones, involucrando a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en al menos cinco operaciones. La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado «Hirurok», que podría haber manipulado diversos expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de sus posiciones y relaciones en la administración pública.
