El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno un aumento de las penas por delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, así como la creación de una Fiscalía especial para investigar y prevenir delitos que amenacen el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de las Policías autonómicas y locales.
La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Interior, plantea modificaciones específicas a los artículos 550 y 556 del Código Penal, con el objetivo de elevar las penas asociadas a estos delitos y fortalecer el principio de autoridad de los agentes de seguridad.
Además, el PP sugiere mejorar los medios materiales de protección individual para los miembros de las FCSE y reconocer a los policías nacionales y guardias civiles como profesionales de riesgo, considerando las difíciles condiciones en las que desempeñan sus funciones y el incremento de agresiones que enfrentan durante su trabajo.
En su exposición de motivos, el PP destaca que en los últimos años ha emergido en España una alarmante tendencia al aumento de agresiones contra los miembros de las FCSE, así como de las policías autonómicas y locales. Según el partido, esta es una situación de carácter «estructural» que impacta negativamente el desarrollo de la función policial y la seguridad de los propios agentes.
Más de 78.000 delitos en cinco años
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior incorporados en la propuesta, se han registrado 78.400 delitos de atentado contra la autoridad en los últimos cinco años, en su mayoría relacionados con agresiones a efectivos de las FCSE.
El PP también indica que la cifra de delitos ha aumentado, pasando de 15.397 en 2021 a 16.878 en 2024, lo que representa un incremento del 9,6%. Además, entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron ya 12.645 infracciones penales por atentados contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos.
En este contexto, Madrid lidera las cifras de agresiones anuales, con más de 3.000, seguida de Andalucía, con más de 2.800, y Cataluña, con más de 2.600. Sin embargo, en los datos más recientes, Andalucía ha tomado el primer puesto, superando a Cataluña.
Más protección y formación
El PP asegura que estas estadísticas reflejan un incremento en conductas violentas, desobediencias y atentados contra la autoridad, lo que lleva a una «pérdida progresiva del principio de autoridad», generando preocupación entre los propios agentes.
Asimismo, el texto señala que este fenómeno no se limita a agresiones físicas, sino que también incluye un aumento en conductas de resistencia y desobediencia. Se estima que la Guardia Civil puede llegar a ser blanco de hasta cinco ataques diarios en zonas de alto riesgo, como el Campo de Gibraltar, debido a la violencia relacionada con el narcotráfico.
Finalmente, el PP subraya que los policías y guardias civiles han demandado reformas normativas desde hace años para reforzar su protección jurídica, incluyendo un endurecimiento de las penas por atentados contra la autoridad. Además, se denuncian carencias en recursos materiales y la necesidad de formación continua y específica en técnicas de autoprotección.
