Cádiz 9 Dic. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana. La investigación ha sido motivada por una denuncia de Podemos Andalucía, la cual señala fraccionamientos de contratos menores por un importe de 235,4 millones de euros.
En una providencia dictada el pasado 4 de diciembre, el magistrado ha solicitado un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) que incluya un «análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud» y determine «el daño producido al erario público». La IGAE deberá examinar todos los contratos objeto de la investigación, incluyendo adendas, prórrogas y modificaciones, con el objetivo de identificar irregularidades señaladas por informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Además, el juez ha requerido un «análisis técnico» de cada expediente administrativo para verificar la existencia y legitimidad de la causa habilitante de la contratación en cuestión. Este análisis debe incluir una evaluación de los precios de contratación y una comparación con los estándares establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, con énfasis en la publicidad y concurrencia en los procedimientos.
Comparativa de precios con otras CCAA
El magistrado ha hecho hincapié en la necesidad de comparar los precios de contratación del SAS con los de otras comunidades autónomas, con el fin de obtener un marco de referencia adecuado. A la IGAE se le facilitará toda la documentación necesaria, y se le permitirá solicitar datos y expedientes adicionales que faciliten el análisis pericial.
Asimismo, el juez ha solicitado un «análisis técnico» sobre la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados, y el origen de las fuentes presupuestarias que financiaron los importes investigados. Se debe llevar a cabo un análisis financiero y presupuestario para verificar su conformidad con la normativa vigente, así como una revisión de las fases de autorización y aprobación del gasto público.
Finalmente, el magistrado ha instado a la IGAE a determinar el daño potencial causado al erario público debido a la posible falta de cumplimiento con las regulaciones legales sobre contratación pública. Esta providencia puede ser recurrida en un plazo de tres días después de su notificación.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acordó, a finales de octubre, prorrogar el plazo máximo de investigación judicial hasta el 2 de abril de 2026. Esta decisión fue tomada tras una solicitud de ampliación presentada por la representación del PSOE, a la que se adhirieron Podemos y el Ministerio Fiscal, aunque con la oposición de otras partes involucradas.
