El juicio de la ‘Operación Kitchen’ ha llegado a su fin esta semana, a la espera de sentencia. Tras cuatro meses de vista oral, el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por la magistrada Teresa Palacios, ha escuchado a más de un centenar de testigos, incluidos policías, investigadores y políticos. Entre los testimonios más destacados están los del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, este último considerado perjudicado en la causa.
El proceso, que comenzó a principios de abril, culminó esta semana con los informes finales de las defensas de los acusados. Estos han negado la existencia del supuesto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del partido y obstaculizar, se afirma, la investigación de una contabilidad opaca en el seno del PP. En cambio, los abogados de los acusados afirman que no hubo tal operativo parapolicial «criminal», describiendo como una operación policial «legal» el intento de encontrar dinero que Bárcenas, que en ese momento estaba siendo investigado, pudiera esconder en el extranjero, así como a sus eventuales testaferros.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero dos, Francisco Martínez, así como para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el comisario Andrés Gómez Gordo. La acusación ha solicitado también 19 años, la pena más alta, para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Para Sergio Ríos, quien fue chófer de Bárcenas, se han reclamado 12 años y medio, y para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), Marcelino Martín Blas, dos años y medio.
La Fiscalía ha solicitado la absolución del inspector José Luis Olivera, así como de los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, quienes quedaron fuera del juicio tras la decisión de la acusación particular, ejercida por la familia Bárcenas, y de la acusación popular, llevada a cabo por el PSOE y Más Madrid, de retirar sus acusaciones.
Mientras los acusados defendían la legalidad de sus actuaciones —argumentando que lo que habría sido delictivo hubiese sido no investigar a Bárcenas—, el fiscal César de Rivas sustentó que durante el juicio se ha probado la existencia de «un operativo parapolicial criminal» cuyo objetivo era «recabar» información «comprometedora» y «grabaciones» sobre dirigentes del PP que Bárcenas podría poseer.
La abogada de la familia Bárcenas argumentó que el Ministerio del Interior impulsó la ‘Kitchen’ porque la información que tenía el extesorero «podía hacer caer al Gobierno» de Rajoy, mientras que el PSOE y Podemos posicionaron a Fernández Díaz en el «corazón» de lo que calificaron como una «organización criminal».
Un punto culminante de este proceso han sido las declaraciones de Rajoy y Bárcenas, acaparando la atención de las más de cuarenta sesiones del juicio. Un año y cuatro meses después de ser liberado tras su condena en el ‘caso Gürtel’, Bárcenas testificó en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Durante un interrogatorio que se extendió casi siete horas, Bárcenas confirmó que pidió a un compañero de prisión que destruyera unos audios relacionados con «MR», es decir, Mariano Rajoy. En ese audio se escucharía cómo el expresidente del PP habría destruido un sobre que contenía información sobre la «contabilidad extracontable» del partido, según su versión.
Bárcenas también relató que la ‘Operación Kitchen’ se inició «en la sede del PP con el borrado de los discos duros de los ordenadores» que tenía en su despacho, un acto que, según él, fue realizado por «los responsables de partido en esos momentos». Rajoy, por su parte, negó haber destruido el sobre con la documentación relacionada con la contabilidad B del partido en presencia de Bárcenas, asegurando que «eso es absolutamente falso». Además, el expresidente se alineó con la defensa de los acusados en ‘Kitchen’, afirmando que lo que ocurrió fue «una operación policial» que «se adecuó totalmente a la legalidad» y que buscaba «recoger el dinero» de Bárcenas y «averiguar sus testaferros».
