El horizonte del fiscal general: Juicio breve en otoño y posible sentencia antes de final de año
El Tribunal Supremo (TS) se dispone a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La vista oral está prevista para noviembre y se espera que sea breve, con una posible sentencia antes de finalizar el año, según fuentes jurídicas.
El destino judicial de García Ortiz comenzó a delinearse el pasado 9 de junio, cuando el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, decidió procesarle, junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos en perjuicio de González Amador.
La propia Fiscalía, representada por María Ángeles Sánchez Conde, la ‘número dos’ de García Ortiz, y ambos imputados recurrieron, pero la Sala de Apelación solo aceptó la impugnación de Rodríguez, eximiéndola del banquillo de los acusados, dejando al fiscal general del Estado a la espera de un paso procesal final que fue acordado por Hurtado al abrir el juicio oral.
García Ortiz deberá presentar una fianza de 150.000 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una eventual sentencia, incluida una indemnización solicitada por González Amador de 300.000 euros. Tiene diez días para presentar su escrito de defensa.
Se prevé que el juicio se lleve a cabo aproximadamente en noviembre, con una duración estimada de alrededor de una semana, lo que permitiría que la sentencia sea emitida antes del inicio de 2026.
Composición del tribunal
El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará conformado por los magistrados que acordaron abrirle causa: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. A ellos se unirán otros dos magistrados, siendo lo más probable que sean Ana Ferrer y el actual presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien también lideraría este tribunal. Esto dará como resultado un total de siete magistrados, la mayoría de los cuales tienen una tendencia conservadora, con Ferrer como una contraparte destacada, impulsada por el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Un juicio complejo
Las fuentes consultadas anticipan que será un juicio complejo, tanto por la relevancia del acusado, ya que es la primera vez que un fiscal general es juzgado en el Tribunal Supremo, como por las dificultades probatorias relacionadas con el delito de revelación de secretos.
El catálogo de delitos podría ampliarse, puesto que Hurtado ya ha mencionado otros delitos como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Algunos de estos podrían elevar la pena a un máximo de seis años de prisión y doce años de inhabilitación.
Prueba y testigos
En cuanto a las pruebas a presentar en el juicio, las acusaciones han solicitado la declaración de García Ortiz y numerosos testigos. Entre ellos, González Amador ha solicitado ser testigo, así como su abogado Carlos Neira, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y cuatro fiscales. También se han solicitado testimonios de seis periodistas y otros personajes clave relacionados con el asunto.
La acusación particular busca escuchar la declaración de Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa, el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés. Se espera que las testificaciones acordadas por la Sala de lo Penal en el juicio se fundamenten en las declaraciones de testigos e imputados producidas durante la investigación de ocho meses, así como en un informe de la Guardia Civil que revela las comunicaciones de Pilar Rodríguez en las horas críticas de la presunta filtración.
Hechos fijados por el instructor
Los testigos solicitados son considerados personas clave en los hechos investigados, que Hurtado ha acotado a la presunta filtración de García Ortiz a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 de un correo electrónico enviado por Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año. Este correo buscaba un pacto en la causa por delitos fiscales en la que González Amador ha sido procesado.
Hurtado ha afirmado que, antes de que el correo tuviera difusión en otros medios, se envió una copia a Sánchez Acera, quien a su vez ordenó a Lobato exhibirlo en su intervención en el Parlamento contra Díaz Ayuso.
En su resolución, Hurtado manifiesta que el citado correo contenía «información sensible» relacionada con datos personales que debían ser manejados bajo criterios de reserva y confidencialidad. La divulgación de esta información, según el magistrado, no solo infringe esos criterios, sino que también podría perjudicar la reputación del interesado y la confianza pública en la institución.
