MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) – El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP que solicita al Gobierno que realice una revisión a la baja «de los impuestos que pagan las familias y autónomos». Entre los puntos destacados, se plantea no aplicar una subida de cuotas a los trabajadores por cuenta propia para el año que viene y eximir a estos del IVA cuando facturen menos de 85.000 euros anuales.
Estas peticiones han obtenido el respaldo de grupos como Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN. Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) y PNV se han abstenido, mientras que los partidos que forman parte del Gobierno, junto a Podemos, BNG y Bildu, votaron en contra.
La Cámara Baja ha respaldado estas propuestas mediante una moción que surgió de una interpelación urgente que el PP presentó la semana pasada a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las solicitudes aprobadas responden a una propuesta del Gobierno para congelar las cuotas de los autónomos de menor ingresos y aumentar las de los tramos superiores. Esta iniciativa resulta de una rectificación del propio Ejecutivo, que originalmente había considerado una subida generalizada que incluía también a los tramos más bajos.
Además de las medidas dirigidas a los autónomos, el Congreso también instó al Gobierno a ajustar el IRPF a la inflación y a eximir de tributación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026.
Eliminar gasto político superfluo
Otras cuestiones aprobadas, igualmente con el voto en contra de los partidos del Gobierno, incluyen la solicitud al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que elimine el gasto político superfluo en la administración pública.
La Cámara Baja también exige una reforma administrativa que reduzca los trámites y cargas que complican la actividad empresarial, simplifique las obligaciones fiscales, agilice permisos y procedimientos y garantice un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento.
Por último, el Congreso solicita al Gobierno desarrollar un plan estratégico que busque mejorar la productividad y competitividad, facilitando la expansión del tejido empresarial y contribuyendo a un aumento «progresivo y sostenido» del sueldo de los trabajadores españoles.
