El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 9 de julio en el Congreso de los Diputados. Este plan tiene como objetivo implementar medidas enfocadas en la prevención y el castigo de conductas corruptas. Además, se ha dado luz verde a la creación de una Comisión Interministerial que asegurará la puesta en marcha, impulso y seguimiento del plan.
Con la aprobación de este Plan, el Gobierno busca establecer una hoja de ruta clara para avanzar hacia una Administración más íntegra y transparente. De esta manera, se profundiza en nuevas acciones para combatir la corrupción.
Las medidas adoptadas siguen las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE, de la Comisión Europea y de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, e incorporan aportaciones de la sociedad civil, como se planteó en el Foro de Gobierno Abierto.
Cinco ejes y quince medidas
El Plan se divide en cinco ejes, cada uno de los cuales contempla diversas medidas:
– Eje 1: Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles. Este eje incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que actuará como órgano central en la Administración General del Estado para la prevención, supervisión y persecución de la corrupción. La Agencia tendrá facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave y articular mecanismos de protección para informantes. Además, se contemplará extender la metodología de prevención del fraude aplicada en la adjudicación de fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsar la Ley de Administración Abierta y fomentar un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción.
Se prevé también realizar controles aleatorios del patrimonio de altos cargos y potenciar el uso de Big Data y del análisis de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para aumentar el control. Otro aspecto importante es la propuesta de auditorías externas e independientes para partidos políticos, en lo que respecta a financiaciones públicas superiores a 50.000 euros, así como la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros.
– Eje 2: Protección de informantes. Se pretende fortalecer la Ley 2/2023 para una mayor protección de denunciantes y mejorar los canales de alerta, garantizando el anonimato y estableciendo sanciones contra represalias.
– Eje 3: Investigar, juzgar y sancionar la corrupción. Este eje busca reforzar la Fiscalía Anticorrupción con más empleados y recursos, además de crear secciones especializadas en tribunales. Se priorizarán las causas que involucren a cargos públicos y se ampliarán los plazos de prescripción de delitos. También se establecerán mecanismos de control y sanción para empresas corruptoras, modificando el Código Penal y elevando las sanciones.
Se proyecta crear una lista negra que inhabilitará a empresas condenadas por corrupción de contratar, recibir subvenciones o gozar de beneficios fiscales o sociales.
– Eje 4: Recuperación de activos. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y se introducirá la figura del «decomiso administrativo», que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa.
– Eje 5: Promover una cultura anticorrupción. Este eje incluirá programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de corrupción, campañas sociales para concienciar a la población y la realización de encuestas anuales sobre percepción de la corrupción.
Real Decreto para crear la Comisión Interministerial
En paralelo a la aprobación del Plan Estatal, el Consejo de Ministros ha dado luz a un Real Decreto que establece la creación de la Comisión Interministerial. Esta comisión se encargará de la coordinación política y técnica entre ministerios, supervisando acciones y promoviendo la elaboración de propuestas relacionadas con el plan. Su función será garantizar la implementación, seguimiento y evaluación efectiva del Plan en todos los niveles de la Administración del Estado.
La comisión será presidida por la titular del Ministerio de Hacienda e incluirá a ministros de trabajo, economía social, presidencia, justicia, interior, cultura y transformación digital y de la función pública, así como al máximo representante de la Agencia Independiente de Integridad Pública.
Reforzar las Administraciones frente a la corrupción
Con la implementación de estas medidas, el Gobierno tiene la intención de fortalecer su compromiso con una gobernanza íntegra, eficaz y transparente, mientras refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Este esfuerzo se traduce en un avance hacia un modelo institucional más robusto, frente a la corrupción, que se considera una amenaza grave para la democracia.
Estas iniciativas se suman a más de 30 acciones realizadas para defender la democracia y luchar contra la corrupción en España, que incluye la Ley de protección del informante y el Plan de Acción por la Democracia. De este modo, España se posiciona entre los países que abordan la corrupción desde un enfoque estratégico e integral.
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