El PSOE y Sumar han registrado propuestas en el Parlamento instando a Casa 47, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda, a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista. Esta demanda surge en el contexto de situaciones recientes, como los casos del Parque Central de Ingenieros de Valencia y la Loma de Colmenar en Ceuta.
Los dos partidos del Gobierno han formalizado esta petición en propuestas de resolución basadas en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Este documento examina la actividad de Sepes, que ha sido renombrada como Casa 47, en la ejecución de vivienda pública durante los ejercicios de 2018 a 2023.
En el informe, bajo la dirección de Enriqueta Chicano, se detectaron casos de resolución de contratos por causas achacables a los contratistas, incluyendo la redacción del proyecto de urbanización y las obras del Parque Central de Ingenieros en Valencia, así como la ejecución de 90 viviendas protegidas en la urbanización de Loma de Colmenar, en Ceuta.
Parque Central de Ingenieros en Valencia
En el caso del Parque Central de Ingenieros en Valencia, que pretende desarrollar viviendas sociales, la empresa pública de vivienda inició el procedimiento de resolución del contrato del proyecto de urbanización, con un importe de adjudicación de 189.883,20 euros (IVA no incluido). Esto ocurrió debido a la falta de atención por parte del contratista a los requerimientos del Ayuntamiento de Valencia. Como resultado, Sepes dejó de abonar el 60% del importe del contrato y finalmente sus servicios técnicos terminaron el proyecto.
Una vez aprobado el proyecto de urbanización, la empresa de vivienda comenzó la contratación de las obras. Sin embargo, se vio obligada a resolver el contrato debido a diversos incumplimientos del adjudicatario. Después de este proceso, las obras fueron adjudicadas al Grupo Bertolín en octubre de 2024 por cerca de 1,2 millones de euros.
En lo que respecta a Loma de Colmenar, en Ceuta, el contratista adjudicatario solicitó la suspensión del contrato para construir las 90 viviendas protegidas, pero Sepes denegó esta petición. El contratista llevó el caso a un contencioso-administrativo, donde se confirmó la denegación de la suspensión. El consejo de administración de Sepes, por su parte, aprobó la resolución del contrato de obras debido a causas imputables al contratista.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas ha recomendado a Sepes que en todos los casos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estudie la viabilidad de exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios y, de ser el caso, iniciar el procedimiento correspondiente.
En respuesta a estas recomendaciones, tanto el PSOE como Sumar han registrado propuestas de resolución para solicitarlas a Casa 47. Dichas propuestas deberán debatirse y votarse en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y, si obtienen aprobación, se incorporarán al informe de fiscalización correspondiente.
