El proceso de ilegalización llegará a los juzgados como muy pronto en agosto de 2026
El 31 de octubre de 2025, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, abrió el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Este proceso se notificó a la entidad, junto con la apertura del correspondiente periodo de alegaciones, según confirmaron fuentes de Cultura.
La ruta hacia la ilegalización de la FNFF comenzó en junio de 2024, cuando el Ministerio inició un periodo de actuaciones previas con el fin de obtener información y elementos de juicio necesarios para motivar el inicio del procedimiento. Este trabajo estaba a cargo del departamento de Ernest Urtasun, que es responsable del Protectorado de Fundaciones, el organismo encargado de instar judicialmente la extinción de la fundación.
Con la notificación a la FNFF, se abre el plazo para que la fundación presente sus alegaciones, que tienen un tiempo límite de diez días hábiles, además de un periodo de prueba en caso de que deseen aportar documentación. Posteriormente, se elaborará una nueva propuesta de resolución y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado. Una vez obtenido este informe, Urtasun firmará la resolución final, con la cual se solicitará la extinción judicial de la fundación, elevando el caso a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.
Fuentes de Cultura han explicado que tienen la esperanza de que el caso llegue al juez «lo más rápido posible», aunque advierten que transcurrirán, como mínimo, nueve meses hasta que esto ocurra. Sin embargo, todo depende de la estrategia que adopte la fundación y de los documentos que presenten para defender sus intereses. Aún así, la administración considera que el acuerdo de inicio para la ilegalización está «blindado» y que las pruebas que presente la FNFF serán «muy parecidas» a las que el juez encontrará.
Para preparar el expediente de ilegalización, se han solicitado informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la cual ha elaborado un documento que data del 13 de mayo de 2025, así como del Registro de Fundaciones de competencia estatal y de la Abogacía del Estado.
En un informe de la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado se detallan dos causas por las que se podría extinguir una fundación: en primer lugar, si no persigue fines de interés general, y en segundo lugar, si realiza apología del franquismo, promoviendo así el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, además de menospreciar y humillar la dignidad de las víctimas de ese periodo. También se contempla la incitación, directa o no, al odio o violencia hacia estas mismas víctimas.
A pesar de que el informe puede sugerir que la FNFF tiene fines culturales, históricos, biográficos y documentales, la Abogacía del Estado rechaza esta afirmación, alegando que en la página web de la fundación se menciona que su actividad incluye mantener el archivo personal de Franco y asegurar su acceso público, lo cual ha sido calificado como «opaco» por el Ministerio de Cultura.
La fundación también persigue el mantenimiento de una biblioteca con más de 2.000 ejemplares, se opone a lo que denominan «la mal llamada Ley de Memoria Histórica» y participa en el debate cultural y político de España actual, procurando poner de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que él construyó.
Por otro lado, la investigación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática concluye que los fines de los Estatutos de la FNFF están «fundamentalmente» relacionados con la difusión y promoción de las actividades de Franco, siempre desde una perspectiva «inequívocamente positiva» del franquismo. Esta situación contraviene la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Histórica, y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que son las normativas aplicables en este caso de ilegalización.
Con el informe de la Abogacía, así como otro elaborado por el catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Fernández, que ha investigado la extinción de la FNFF, Cultura confía en que el juez resuelva a su favor. Las fuentes ministeriales señalaron que es crucial que los españoles no «paguen» a esta fundación, que cuenta con incentivos fiscales y beneficios para recibir donaciones por su estatus de fundación. Sin embargo, se muestran «seguros» de que la FNFF encontrará la manera de reestructurarse bajo otra fórmula que le asegure la continuidad.
Finalmente, se ha anticipado que cuando los jueces reciban el acuerdo de inicio, se solicitarán medidas cautelares para prevenir que la fundación altere el archivo histórico o destruya pruebas. De igual manera, el departamento de Urtasun tiene la intención de denunciar a la FNFF para proteger documentos de «naturaleza pública» que podrían encontrarse en su archivo, siguiendo un procedimiento similar al que el Gobierno llevó a cabo en el caso del Pazo de Meirás, ubicado en la provincia de A Coruña.
