MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de España ha localizado diversos emplazamientos dentro de la red ferroviaria nacional donde se llevaron a cabo actos de represión franquista, tales como depuraciones de personal ferroviario. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado un inventario específico que recopile estos lugares.
Esta información fue proporcionada por el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por diputados de Izquierda Unida, quienes mostraron interés por el caso del destacamento penal de Bustarviejo (Madrid), el único espacio de este tipo que se puede visitar en toda España, y que se va a declarar Lugar de Memoria Democrática.
En mayo pasado, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática inició los trámites necesarios para otorgar esta distinción a todos los destacamentos penales que albergaron a los presos republicanos utilizados por el franquismo como mano de obra en condiciones de semiesclavitud para la construcción del tren directo de Madrid a Burgos.
6.000 PRESOS HICIERON LA LÍNEA MADRID-BURGOS
Desde 1941, año en que se fundó Renfe, hasta 1955, aproximadamente 6.000 presos participaron en la construcción de esta línea ferroviaria. La mayoría de ellos había sido detenida y condenada a penas de muerte por tribunales de guerra por su adhesión a la rebelión, que fueron posteriormente conmutadas a 30 años y un día de reclusión, o a penas menores si se les consideraba culpables de auxilio a la rebelión.
Durante este período, se levantaron 11 destacamentos, así como túneles, viaductos, estaciones, apeaderos, muelles de mercancías y carreteras que conectaban con la vía, todo bajo el esquema de Redención de Penas por el Trabajo del Patronato de la Merced.
El Gobierno tiene previsto declarar como Lugar de Memoria ciertos enclaves relacionados con los destacamentos penales de esta línea, entre los que se encuentran los de Chamartín (en la actual estación madrileña), Fuencarral, Colmenar Viejo, Las Jarillas (filial de Chozas de la Sierra), Chozas de la Sierra (actual Soto del Real), Miraflores de la Sierra, Valdemanco, y Bustarviejo.
BUSTARVIEJO, EL ÚNICO QUE SIGUE EN PIE
En junio, tras una tormenta, se derrumbó el techo del destacamento penal de Bustarviejo, el único que se conserva en pie porque durante años se utilizó para el ganado. La Asociación de Memoria Histórica Los Barracones, que gestiona las visitas al lugar, ha solicitado la colaboración de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Los diputados de Izquierda Unida también preguntaron al Ejecutivo si tiene planes de elaborar un mapa que incluya todos los espacios de la red ferroviaria vinculados con la memoria democrática. En la respuesta oficial, se indicó que la asociación responsable del destacamento de Bustarviejo está llevando a cabo una campaña de recaudación de donativos para sufragar las reparaciones necesarias por los daños causados por el temporal, aclarando que el lugar “está fuera y alejado” de los límites de terrenos de Adif.
A pesar de no contar con un inventario específico de lugares relacionados con la memoria de la represión en la red ferroviaria, el Gobierno sí reconoce la existencia de distintos emplazamientos relevantes. Entre ellos, se mencionan campos de concentración en Albatera (Alicante), Castuera (Badajoz), Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), así como varios poblados ferroviarios que fueron considerados “estaciones de castigo” para el personal represaliado por medio de procesos de depuración.
CASI 83.000 PROFESIONALES DEPURADOS
Según el doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Polo Muriel, en su obra ‘La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975)’, la depuración afectó a 82.831 profesionales, lo que representa un 88 % del total de las plantillas de las diferentes empresas ferroviarias en esa época.
De este total, un 26 % fue objeto de sanciones de diversa índole: 6.782 trabajadores fueron separados del servicio y despedidos, mientras que otros 6.500 sufrieron traslados forzosos de residencia o servicio. En 2018, el Ministerio de Transportes ya rindió homenaje a estos profesionales que enfrentaron sanciones, encarcelamiento, exilio o penas de muerte.
