El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que establece los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los cuales permanecerán en vigor al no haberse aprobado nuevas cuentas públicas para 2024 y 2025. Esta medida se encuentra en línea con el artículo 134 de la Constitución Española, que estipula que, en caso de no contar con una nueva Ley de Presupuestos al llegar el 1 de enero, las cuentas del ejercicio anterior se prorrogarán automáticamente.
Desde el próximo 1 de enero, los PGE de 2023 se prorrogarán por tercera vez, a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente un nuevo proyecto de cuentas públicas para 2026 en las Cortes Generales. Esta situación representa la undécima prórroga presupuestaria desde el inicio de la democracia en España, recordando ejemplos anteriores en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y en dos ocasiones en 2018.
Ante la fragmentación del arco parlamentario, especialmente tras la ruptura de Junts, el Ejecutivo se verá obligado a buscar los apoyos necesarios para que las nuevas cuentas públicas puedan ser aprobadas. Respecto a los preparativos en el ámbito económico, el Gobierno ya ha definido el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, para el Presupuesto del Estado de 2026, que asciende a un récord de 216.177 millones de euros. También se han establecido las directrices de déficit y deuda para las administraciones públicas, a pesar de haber sido rechazadas en el Congreso.
El déficit público está previsto que descienda del 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y finalmente al 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, el objetivo del Gobierno es que alcance el 100,9% del PIB en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los Presupuestos de 2026 serán «expansivos y responsables», trabajando para que sean entendidos como una «necesidad» que se debe trasladar a la población.
REORIENTAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN
De cara al próximo año, los criterios para la prórroga de los PGE también contemplan las modificaciones recientes relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo despliegue finalizará a finales de 2026. El pasado 16 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la ‘adenda dana’ para hacer frente a los daños provocados por los desastres naturales ocurridos entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta adenda incorpora un nuevo Componente 32 de ‘Apoyo a la Recuperación y la Resiliencia en respuesta a desastres naturales’, con el fin de fortalecer la capacidad del país para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos y crisis externas que impactan en la economía española.
Además, el 9 de diciembre de 2025, se aprobó otra adenda que busca simplificar el Plan de Recuperación, agilizando los procesos de verificación y ejecución, reduciendo cargas burocráticas, reforzando prioridades estratégicas y optimizando el uso de recursos antes de la finalización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para favorecer la absorción de los Fondos ‘Next Generation’, se ha estipulado que hasta la aprobación de los nuevos PGE, los departamentos ministeriales deberán ajustar los créditos prorrogados a las necesidades vinculadas al cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2026.
