La ley es más exigente con las gasolineras en la electrificación y propone un plan renove del parque móvil español.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible gracias a la abstención de Podemos, que el Gobierno ha conseguido tras un acuerdo de última hora sobre las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat. La norma ha conseguido prosperar con 174 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, y la diputada de Compromís, Águeda Michó.
Enfrente se han situado PP, Vox y UPN. En una situación normal, estas tres formaciones habrían alcanzado los 171 escaños, pero la ausencia del diputado del PP y tercer secretario de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, de viaje de novios en México, ha dejado el número en 170. El voto de los ‘morados’ era determinante y Podemos venía amenazando con votar en contra del proyecto si el Gobierno no paralizaba las ampliaciones del Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat. «Para que Podemos hoy no tumbe una ley insuficiente, les exigimos aquí y ahora un compromiso claro, que debe estar por escrito, de que no habrá ampliación del aeropuerto de El Prat», ha dicho su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez Serna, durante el debate de la propuesta.
ACUERDO DE ÚLTIMA HORA
Bien entrada la tarde, el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha emitido un comunicado anunciando el acuerdo y comprometiéndose a someter al proyecto de El Prat a un proceso «especialmente intenso» de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia. Fuentes de Podemos han apuntado que, en la práctica, se ha acordado paralizar las obras de la ampliación al menos hasta 2031. Asimismo, el pacto recoge que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.
Además, la formación de Ione Belarra afirma que el Ministerio estará obligado a elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea «Fit for 55». Dicho texto fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.
10.000 MILLONES DE FONDOS EUROPEOS
La norma que ha conseguido culminar su tramitación en el Congreso venía de la legislatura pasada y era uno de los compromisos que la Comisión Europea había exigido a España para poder acceder a cerca de 10.000 millones de euros de fondos europeos. El Gobierno recuperó la norma de la legislatura anterior y, tras varios meses de reuniones en ponencia y comisión que llegaron a encallar por la tensión política derivada del caso ‘Koldo’, el texto ha culminado su camino en el Congreso con la inclusión de cientos de enmiendas acordadas entre los diferentes grupos parlamentarios.
Entre las medidas más relevantes que incluye el texto se encuentra el compromiso del Gobierno para revisar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), de modo que se incluyan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional. La ley también garantiza que no se eliminarán las paradas previstas en el mapa concesional de autobuses en zonas sin alternativa de transporte.
Así, se asegura que no se suprimirán paradas de autobús en zonas sin alternativas de transporte, debiendo mantenerse las conexiones en áreas donde no existan otras opciones. En caso de que las comunidades autónomas asuman servicios por delegación del Estado, serán compensadas económicamente.
MÁS EXIGENCIAS A LAS GASOLINERAS
Por otro lado, la norma obligará a las gasolineras a ofrecer, por cada una de sus instalaciones, al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de al menos 400 kilovatios (kW) con al menos un punto de recarga con potencia disponible individual de al menos 150 kW. Hasta ahora, la legislación contemplaba que el grupo de recarga debía ser de 150 kW. Esta obligación se ceñirá a las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo sea superior o igual a diez millones de litros a partir de 2025.
La norma también establece que las instalaciones que cumplan estos requisitos a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW que incluya al menos un punto de recarga con potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua.
A su vez, se establecerán medidas para mejorar la información sobre la localización de las grandes estaciones e infraestructuras de acceso público vinculadas con la recarga eléctrica, indicando la ubicación de los puntos de recarga en las estaciones que estén operativas, así como las distancias hasta las mismas en formato digital.
La ley también incluirá apartados para impulsar los puntos de recarga eléctricos en carreteras, estudiar la sustitución de vuelos cortos por trenes y desarrollar reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español.
Además, se modificará el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para que tenga objetivos concretos y cuantificables de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte para 2030 y 2040 respecto al nivel de 1990. Así, la actualización de objetivos solo se podrá contemplar al alza en las sucesivas revisiones del PNIEC.
PLANES DE MOVILIDAD EN EL TRABAJO
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es que habrá más empresas, tanto públicas como privadas, obligadas a contar con planes de movilidad sostenible. Si antes estaban obligadas las empresas de 500 trabajadores a tener estos planes, o con 250 trabajadores por turno, ahora los números bajan a 200 y 100, respectivamente. Los planes de transporte sostenible al trabajo incluyen soluciones de movilidad que contemplan el impulso a la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad eléctrica y la movilidad compartida o colaborativa, entre otros. Asimismo, se incluirán medidas relativas a la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.
VEHÍCULOS DE AUXILIO
Una de las enmiendas aprobadas en el Pleno de este miércoles, a instancia del PP, permitirá a los vehículos de auxilio en carretera acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) independientemente de su etiqueta medioambiental. En el Pleno también se dio el visto bueno a una enmienda de ERC para que las entidades encargadas de la actividad de distribución eléctrica pongan a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la información relativa a las características y capacidades de la red eléctrica en las ubicaciones habilitadas para instalar puntos de recarga eléctrica.
En ese mismo plazo, el departamento liderado por Sara Aagesen publicará un mapa nacional de capacidad de la red eléctrica que incluirá, al menos, la ubicación del tendido de las líneas y sus datos técnicos, la ubicación de los centros de transformación y sus datos técnicos, así como las zonas con mayor potencia y capacidad disponible para instalar puntos de recarga eléctrica.
