En Moncloa no esperan que el expresidente Carles Puigdemont rompa la relación con el Gobierno a pesar de las últimas advertencias, que se producen tras la votación para la cesión a Cataluña de la gestión de la inmigración. El Gobierno da por perdida esta votación, que ha sido rechazada por Podemos, que considera la norma como «racista». Según fuentes del Ejecutivo, esperan que esta negativa no afecte la relación con Junts, argumentando que han hecho todo lo posible y no controlan el voto de la formación morada.
Este martes, el Pleno del Congreso decidirá si toma en consideración la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts, que incluye la delegación de competencias en inmigración. Entre los puntos de la ley se encuentran la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por parte de la Generalitat y la devolución de extranjeros con prohibición de entrada a territorio nacional, entre otras medidas.
Podemos ha rechazado de plano esta medida argumentando que tiene «intenciones abiertamente racistas» y considera que mencionar la migración como «un riesgo para la convivencia» es inaceptable. Además, creen que esta reclamación se produce en un momento en el que Junts compite electoralmente con la formación Alianza Catalana de Silvia Orriols. Ione Belarra, líder de Podemos, advirtió esta semana: «Para leyes racistas que no cuenten con los votos de Podemos».
Condición para negociar los presupuestos
Si se cumplen las previsiones, el Gobierno podría enfrentarse a una derrota parlamentaria, lo que más preocupa a los socialistas es no poder cumplir un compromiso adquirido con Junts. Este partido advierte que para negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, el PSOE debe cumplir antes los compromisos adquiridos. Uno de los puntos importantes es el traspaso de las competencias migratorias, que podría frustrarse tras la votación del martes. Otras medidas, como la oficialidad del catalán, también se encuentran en la lista de asuntos pendientes.
El ala socialista del Gobierno ha comenzado a aceptar la posibilidad de una derrota y trabaja para que esto no afecte su relación con Junts. Para ello, intentan hacer ver a los independentistas que no pueden hacerse responsables del voto de Podemos, quienes han tomado una posición opositora desde el inicio de la legislatura.
El PSOE defiende que cumplió su parte
Fuentes gubernamentales indican: «Respondo por mis votos y si me apuras, por los de Sumar, por Podemos no». Esta declaración subraya la tensión creciente entre Junts y Podemos, sobre todo tras los cruces de acusaciones durante el verano. Ione Belarra afirmó que con esta norma los Mossos d’Esquadra comenzarían a hacer «redadas racistas», mientras que Puigdemont acusó a Belarra de «supremacismo español» y «xenofobia».
Desde el PSOE, se quiere dejar claro a Junts que han cumplido su parte y han facilitado el proceso para que el traspaso de competencias se haga efectivo. Sin embargo, insisten en que no pueden responsabilizarse del voto de otros partidos. En marzo de 2025, después de un acuerdo alcanzado en 2024, el PSOE aceptó la cesión de competencias a cambio del apoyo de Junts al decreto anticrisis, que pasó a ser una necesidad prioritaria.
El texto de la ley también contempla que los Mossos d’Esquadra gestionen junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad en puertos y aeropuertos, permitiendo a la policía catalana actuar en frontera y colaborar con otras fuerzas de seguridad.
Alemania no apoya la oficialidad del catalán
El independentismo ha enfrentado otro revés esta semana, al ver alejarse sus expectativas de que el catalán sea oficial en las instituciones comunitarias. La norma requiere unanimidad entre los socios de la UE, y países como Alemania han dejado claro que no están dispuestos a aceptar esta medida por el momento.
El canciller Friedrich Merz se reunió con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa, enfatizando que Alemania no aceptará esta medida en el corto plazo, a pesar de que España ha estado promoviendo esta legislación entre sus socios europeos desde el inicio de la legislatura.
Moncloa no espera una ruptura con Puigdemont
Puigdemont reaccionó de inmediato, convocando a la dirección de su partido en Bruselas. Allí expondrá la situación de la negociación de los Presupuestos Generales con el PSOE y el esperado traspaso de competencias. El expresidente, que reside en Bélgica eludiendo la justicia española, advirtió que «pasarán cosas» si los socialistas no alinean sus discursos en Madrid, Cataluña y Suiza.
Aunque algunos miembros del Gobierno consideran que pueden seguir dialogando, desde Moncloa no esperan una reacción drástica por parte de los independentistas. Confían en que la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Puigdemont esta semana, que resultó sin acuerdos, permita habilitar nuevos espacios de comunicación.
Las autoridades consideran que todavía tienen camino por recorrer y que los independentistas continuarán pactando la votación paso a paso.
