El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación. Este plan pone el foco en el acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.
«Garantizamos que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho a la vivienda», ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Además, tal y como avanzó ayer la ministra, el plan contará con una cláusula para asegurar que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública sigan cauces «objetivos, transparentes y públicos» tras el escándalo del reparto de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en ciudades como Alicante. «Fue objeto de atención informativa el caso de una inmobiliaria privada donde se conformaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que parecía que estaban esperando las entradas a un concierto (…) Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen», ha expuesto.
De acuerdo con el plan, el 40% del presupuesto se destinará a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante se destinará a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Con una inversión de 7.000 millones de euros, el plan establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Sin embargo, según ha indicado la ministra, el Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con el objetivo de que no haya «excusas» para su implementación.
«Es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial, sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandados por la ciudadanía, por el sector que ha sido avalado por empresarios, por sindicatos, con todas las aportaciones», ha manifestado Rodríguez.
Tres focos: Construir, rehabilitar y proteger
El Plan de Vivienda, que nace bajo el «paraguas» de la Ley por el Derecho a la Vivienda, persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger. Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general.
El plan incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de «portales privados con intereses privados». Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan anualmente.
Asimismo, la ministra ha indicado que el plan realizará una labor fiscalizadora sobre todas las administraciones para que el Gobierno central no pierda el control del desarrollo de las viviendas financiadas con dinero público. Se establecerán canales de transparencia con carácter semestral para hacer el seguimiento correspondiente.
El calendario del Gobierno, tras la aprobación del nuevo Plan de Vivienda, prevé realizar en lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas. En mayo, se llevará a cabo la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, ya acordados con las comunidades autónomas, buscando desplegar los efectos del plan a partir del segundo semestre.
Esfuerzo por comunidades autónomas
En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, alcanzando los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan anterior. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (incremento de 815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (incremento de 473 millones).
Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (incremento de 272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones; Castilla-La Mancha recibirá 280 millones (incremento de 205 millones).
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (incremento de 558 millones); Aragón, 266 millones (incremento de 195 millones); a las Islas Baleares, 168 millones (incremento de 123 millones); y a Asturias, 231 millones (incremento de 175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.
A Cantabria le corresponderán 133 millones (incremento de 98 millones); a Extremadura, 210 millones (incremento de 154 millones); y La Rioja, 266 millones (incremento de 195 millones).
En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.
