MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado a la comisión de expertos que la asesora sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que, en «cumplimiento estricto» de la referencia de la Carta Social Europea, se establezca qué cuantía debería alcanzar esta renta mínima en 2026 con exención en la tributación en el IRPF y sin ella.
La ministra ha destacado que será el Ministerio de Hacienda, competente en cuestiones de fiscalidad, quien decida si el SMI de 2026 tributará o no. «Lo que dejo en manos del Ministerio de Trabajo es la fijación del salario mínimo, cumpliendo con el 60% del salario medio, exento de tributación o tributando, y por tanto, no nos vamos a distraer en discusiones», ha señalado Díaz.
Desde que asumió su cargo, ha enfatizado, nunca ha invadido las competencias de otro ministerio, lo que reafirma su deseo de evitar conflictos con Hacienda, como ocurrió en la anterior subida del SMI.
Díaz ha pedido a los expertos que consideren dos situaciones para la revalorización del salario mínimo: estimar la cuantía teniendo en cuenta la fiscalidad actual como rentas exentas de tributación, y considerando la aplicación de la tributación.
Durante su comparecencia ante la prensa, la ministra subrayó que una renta de 17.000 euros al año tiene el mismo tipo marginal que una renta salarial de 100.000 euros al año, lo que considera «profundamente injusto». Por ello, el mandato de la comisión será garantizar al menos el 60% del salario medio en el país.
Urgencia en el Informe
Díaz ha expresado su deseo de que la comisión de expertos tome decisiones rápidamente, para que «en el propio ejercicio, lo antes posible», se puedan recibir recomendaciones para proceder a la subida del SMI. Tras recibir el informe, se llevará a la mesa de diálogo social para intentar alcanzar un acuerdo.
Además, la ministra ha destacado que los trabajos de la Comisión continuarán para que en la reforma del SMI se aclare que las subidas de estas rentas mínimas no pueden ser absorbidas por complementos o pluses, conforme a las exigencias de los sindicatos. «Vamos a intentar, sin dar plazos, que este cambio normativo sea paralelo a la subida del salario mínimo», indicó.
La revalorización del SMI también debe considerar el IPC, actualmente en 2,9%; el crecimiento de la productividad, que es 1,9% interanual; el incremento de la participación de las rentas salariales en la renta nacional y la coyuntura económica. «En este segundo trimestre hemos crecido al 3,1% y las previsiones apuntan a un crecimiento del 2,7%», añadió Díaz.
La vicepresidenta ha remarcado que «el SMI es una historia de éxito» en España, habiendo pasado de 735 euros al mes a 1.184 euros, sacando a muchas personas de la pobreza laboral. Este incremento del 61% permite a un hogar con dos personas que cobran el salario mínimo recibir 12.000 euros más al año respecto a 2018.
Díaz ha señalado que, aunque algunas personas podrían considerar esta mejora insuficiente, representa oportunidades significativas para mejorar la calidad de vida, como poder pagar el recibo de la luz o realizar actividades extraescolares con los hijos.
Finalmente, la ministra ha destacado los «extraordinarios efectos» del SMI, indicando que todos los indicadores sociales y económicos muestran mejoras significativas, entre ellas, la reducción de la población en riesgo de pobreza y de la brecha salarial. Ha resaltado que dos de cada tres beneficiarios de las subidas del SMI han sido mujeres, y que más del 40% de los jóvenes menores de 35 años han visto mejorados sus salarios.
Composición de la Comisión de Expertos
Díaz también agradeció a los académicos y agentes sociales que formarán parte de la comisión de expertos, cuya relatora será Begoña Cueto de la Universidad de Oviedo. Los integrantes incluyen a Elena Bárcena, Javier Muñoz, Luis Ayala, Alberto del Pozo, Libertad González, Rafael Muñoz, José Ignacio Pérez, César Veloso (Ministerio de Hacienda), Luis Zarapuz, Mariña Fernández y Antonio García.
Además, en la mesa de diálogo social se ha propuesto que esta comisión asesora tenga «rango normativo» en la determinación del salario mínimo en España.
