En una misiva enviada a la comisaria de medio ambiente, Jessika Roswell, diversas regiones de España han expresado su preocupación por la «insólita situación» relacionada con la conservación del lobo. Estas comunidades destacan que para que España pueda remitir a los organismos comunitarios el informe sexenal, es necesaria la aprobación por mayoría de las comunidades.
¿Qué dice la ciencia?
En la carta, que aún no ha recibido respuesta, las comunidades subrayan que el pasado 10 de julio se celebró una reunión de direcciones generales con el Ministerio para la Transición Ecológica para analizar el informe sobre el estado de conservación del lobo, que posteriormente tendría que presentar el Gobierno central ante Europa.
Las comunidades señalan que apoyaron el informe que declara que el estado de conservación del lobo es favorable y critican que el Ministerio desconvocó unilateralmente la reunión sectorial que ya tenía fecha, en la que se iba a valorar el informe a más alto nivel.
«Es fundamental remitir el informe sexenal a Europa, donde se va a valorar si el lobo está en perfecto estado de conservación. Por eso, es crucial enviar los informes reales, no los que quiere el Gobierno de Sánchez», afirma la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.
El Ministerio ha defendido las razones que llevaron a desconvocar esa reunión. Según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estas están fundamentadas en la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso del Defensor del Pueblo sobre algunos preceptos de la ley que avaló la caza del lobo.
A pesar de estas explicaciones, la polémica no cesa, afectando no solo al ámbito político, sino también al judicial, con resoluciones contradictorias de distintos tribunales superiores de justicia que, en comunidades como Cantabria, permiten las extracciones de la especie, mientras que en Galicia se han paralizado.
Ganaderos y ecologistas con propuestas antagónicas
Los colectivos ecologistas y los ganaderos parecen estar atrapados en un enfrentamiento sin solución, aunque ambos intentan acercar posturas. Los ecologistas cuestionan los censos de lobo que las administraciones autonómicas utilizan para justificar las extracciones, argumentando que las cifras de las poblaciones de lobo están «infladas».
La consejera cántabra ha señalado que, conforme a los informes disponibles, hay 333 manadas de lobo en España, lo que representa un aumento del 12% con respecto al informe sexenal anterior. Verdes Equo, por su parte, reconoce que la situación del lobo es un tema «lleno de aristas», y que en la propia Unión Europea existen diversas opiniones al respecto. No obstante, creen que se debería dedicar el máximo esfuerzo a todas las medidas preventivas para evitar daños.
«Existen muchas medidas preventivas antes de recurrir a la muerte del ejemplar que han demostrado su eficacia. No se pueden aplicar medidas genéricas, ya que esto depende de muchos condicionantes. No todo sirve para todos, pero hay medidas que han demostrado ser efectivas», destaca su portavoz, Gabriel Moreno.
En el sector ganadero, se apoyan en las cifras de población de lobo proporcionadas por las administraciones autonómicas y subrayan los ataques y daños al ganado. Según los datos de la consejera cántabra, desde que el lobo ingresó en el Lespre en 2022 hasta finales de 2024, se han registrado 6.635 ataques de esta especie a animales, resultando en más de 8.000 muertes.
Las cifras sobre la mortalidad de ganado no coinciden, pero es claro que la ciencia afirma que no es efectivo controlar al lobo mediante la muerte de ejemplares al azar. Este método, advierten, solo podría empeorar la situación y agudizar el conflicto entre las partes implicadas.
