El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas, Airbnb, con una multa de 64 millones de euros debido a prácticas irregulares en la publicación de anuncios. Esta información fue divulgada el lunes por el departamento liderado por Pablo Bustinduy.
La resolución sancionadora es firme y cierra la vía administrativa tras resolver un recurso de alzada que había interpuesto la plataforma ante el ministro de Consumo. La sentencia exige, además, que la plataforma corrija los incumplimientos detectados al eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la multa impuesta.
Las infracciones de la normativa de consumo se han contabilizado en un total de 65.122 anuncios que encontraron los inspectores en Airbnb. Estas faltas han consistido principalmente en prácticas comerciales desleales hacia los usuarios y consumidores.
En particular, el Ministerio se ha enfocado en los anuncios de alojamientos turísticos que carecían de licencia, violando así las normativas autonómicas que requieren el número de registro en la publicidad. También se han detectado anuncios utilizando números de licencia falsos o incorrectos, así como aquellos que no proporcionan información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Por esta razón, se impuso una sanción por infracción grave de 64.055.311 euros, cantidad que, según el Ministerio, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb a raíz de estas prácticas, que se mantuvieron desde el apercibimiento emitido hasta la eliminación de los anuncios infractores.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente las órdenes de retirada dictadas por el Ministerio en varias resoluciones.
Incumplimiento del Régimen de Contratos a Distancia
El Ministerio también ha señalado una infracción por incumplimiento de las obligaciones asociadas a los contratos celebrados a distancia. En este caso, se omitió información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Esta infracción se considera leve y ha sido sancionada con 10.000 euros.
Además, se ha destacado la obstrucción o negativa a proporcionar información durante la instrucción del expediente por parte de Airbnb, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos del Ministerio de Consumo, lo que también fue considerado como una infracción leve con una sanción de 10.000 euros.
Finalmente, se ha advertido sobre el incumplimiento de deberes y prohibiciones dispuestas en órdenes o medidas provisionales del órgano instructor, dictadas para prevenir riesgos o perjuicios a los consumidores durante el proceso de tramitación del expediente. Esta infracción grave conllevó una multa de 55.000 euros.
Expedientes a Agencias Inmobiliarias
En el ámbito del alquiler de viviendas, el Ministerio ha recordado que mantiene varios expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias, debido a posibles prácticas abusivas hacia los inquilinos en la gestión del alquiler.
Estas actuaciones se inscriben en el objetivo marcado por Pablo Bustinduy de contribuir a mitigar la crisis de la vivienda en España, un tema que se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el país.
Bustinduy ha manifestado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. Además, enfatizó que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
