El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy – A. Pérez Meca –
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MADRID, 30 sep. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos fabricados en los territorios palestinos ocupados por Israel.
Según ha informado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, esta investigación se apoya en el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada, que adopta medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y ofrece apoyo a la población palestina.
Dicha norma, en su artículo 4, prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de los territorios ocupados, con el fin de limitar la posibilidad de desarrollar dicho negocio.
Con esta base, la Dirección General de Consumo comenzará a investigar a las empresas que estarían «aprovechándose» de esta ocupación, como indica el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
Albanese, representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, afirmó que existen empresas que se benefician económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios.
El ministro Bustinduy ya anunció en julio que su departamento iba a «poner todos los recursos necesarios» para garantizar «que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino».
La intención del Ministerio de Consumo es conseguir que «cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente».
Desde el ministerio se sostiene que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a «perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel».
Asimismo, Consumo recuerda que los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el Derecho Internacional. Según el informe de Albanese, la Fiscalía de Países Bajos ya está estudiando las denuncias de esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales.
El pasado viernes, Naciones Unidas amplió a 158 la lista de empresas vinculadas al desarrollo de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, considerados ilegales según el Derecho Internacional. Esta ‘lista negra’ incluye cuatro empresas españolas.
Concretamente, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos añadió 68 nuevas empresas a su lista por «suministrar equipo o materiales que faciliten la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, así como las demoliciones de casas o propiedades palestinas, y actividades de vigilancia, el uso de recursos naturales para fines comerciales o contaminación y el vertido de desechos en aldeas palestinas.»
Las empresas españolas señaladas por la ONU se desmarcan
Las empresas españolas incluidas en este listado son Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).
No obstante, ACS se desmarcó el mismo viernes de estas informaciones, especificando que no desarrolla actividad alguna en Israel y ha solicitado a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que retire su nombre de esta lista.
La empresa SEMI, mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS. Asimismo, ACS no desarrolla actividades ni en Israel ni en los asentamientos israelíes, afirmó la compañía.
Desde Ineco también rechazan tener vínculos con contratos en territorios ilegales, solo en territorios reconocidos internacionalmente en la parte israelí. Fuentes de la empresa explicaron que su inclusión puede deberse a que trabajan en una línea de tranvía que sí llega a territorio ocupado, pero precisan que Ineco solo diseña un túnel en esa línea en la parte legal.
Además, la empresa dependiente del Ministerio de Transportes asegura que desde octubre de 2023, tras el atentado de Hamás y la respuesta de Israel, ha iniciado un proceso de desvinculación con la administración y empresas israelíes, rechazando participar en nuevos pedidos.
En cuanto a la vasca CAF, que tiene capital público del Gobierno vasco, sí participa en un tranvía que discurre por la zona ocupada. Sabiendo que iba a ser incluida en la lista de la ONU, CAF emitió un comunicado días antes de la publicación del informe para defender que respeta los derechos humanos en Palestina.
En su comunicado, CAF aseguró que mantiene su compromiso de actuar de acuerdo con los «más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia», y de continuar realizando un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relacionado con la ética y los derechos humanos, así como del marco normativo en que desarrolla su actividad.
Más allá del cumplimiento del marco normativo aplicable, CAF afirmó estar «firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones», incluyendo la cadena de valor, con base en los «más altos estándares» de responsabilidad y transparencia.
