MADRID, 20 (EUROPA PRESS) – La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas, como prohibir el acceso al recinto con comida y bebida del exterior.
Así lo ha dado a conocer este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy, quien ha detallado que la promotora es una empresa que organiza estos festivales en distintas comunidades autónomas, lo que permite a Consumo intervenir.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han explicado que la propia Dirección General de Consumo no informa sobre el nombre de la promotora expedientada mientras dure el procedimiento.
Prácticas abusivas identificadas
Entre las posibles prácticas abusivas que estaría llevando a cabo esta promotora, el Ministerio ha destacado la prohibición «expresa y generalizada» de acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los asistentes y denegando el derecho de acceso de forma «potencialmente arbitraria».
Además, se señala que la empresa podría estar prohibiendo que los asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo.
Otras posibles irregularidades incluyen el establecimiento de un sistema de pago obligatorio a través de pulseras cashless para realizar transacciones dentro del recinto, sin admitir el reembolso de la cantidad sobrante por debajo de un monto mínimo y con la imposición de gastos de gestión para el reembolso. Se investiga también un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.
Consecuencias legales
Según ha indicado Consumo, estas prácticas, de confirmarse, serían consideradas abusivas y representarían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como de otras leyes complementarias. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, las multas podrían oscilar entre 100.001 euros y 1.000.000 euros.
Con la apertura de este expediente sancionador, se inicia un periodo máximo de nueve meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La iniciación del expediente no prejudica el resultado final de la investigación.
