El Gobierno de Colombia ha revelado que el 37 % de los integrantes del Estado Mayor Central (EMC), la más grande disidencia de las FARC bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, son menores de edad que han sido reclutados forzosamente por este grupo armado. Esta información fue compartida el miércoles por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
Estimaciones alarmantes
Durante un debate de moción de censura en su contra en el Congreso, Sánchez Suárez afirmó: “Calculamos que las disidencias de Mordisco podrían tener alrededor, en algunos sectores, de casi un 37 % de menores”. Además, el ministro detalló que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia comandada por alias Calarcá, registra aproximadamente un “15 % de combatientes menores en sus filas”. En comparación, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuenta con un 10 %, mientras que el Clan del Golfo, la principal organización criminal del país, tiene un 5 %.
Reflexiones sobre el reclutamiento
El ministro de Defensa también instó a la sociedad a reflexionar sobre las causas que llevan a este fenómeno. “Eso que vemos es el efecto, no la causa. ¿Por qué surge esta amenaza? ¿Será por la fuerza pública? Son muchas causas, una de ellas podría ser la corrupción, que quita oportunidades”, agregó.
Cauca, epicentro del reclutamiento infantil
Actualmente en Colombia, en promedio, cada 20 horas un menor de edad es reclutado o utilizado en el conflicto. Según UNICEF, entre 2019 y 2024, esta problemática se disparó un 300 %, coincidiendo con la transformación de las redes sociales en un nuevo método de reclutamiento.
Si bien el rastreo de casos de reclutamiento forzado es complejo, las estimaciones señalan que más de la mitad de estos casos se producen en Cauca, una región que históricamente ha sido una de las más afectadas por la violencia.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y septiembre de este año.
Controversia por bombardeos
El tema ha cobrado especial relevancia tras la orden del presidente Gustavo Petro de realizar bombardeos contra el Estado Mayor Central desde octubre, en los que al menos doce menores que formaban parte de este grupo perdieron la vida. Esta situación provocó un intenso debate nacional sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la responsabilidad del Estado y el papel de los grupos armados en el reclutamiento.
En respuesta a la controversia, el ministro Sánchez Suárez enfatizó que los fallecidos no eran civiles: “Qué pena, aquí no estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores combatientes, no estamos atacando ningún jardín infantil”, sentenció el alto funcionario.
