MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha vuelto a solicitar al Tribunal Supremo (TS) que revoque la prisión provisional en la que se encuentra desde el 30 de junio, especialmente después de que el instructor del ‘caso Koldo’ confirmara esta semana la libertad del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su asesor. «Hace ya 107 días», recalcan.
Entre los argumentos esgrimidos en esta nueva petición, que ha sido presentada en un escrito al que ha tenido acceso, los abogados de Cerdán aluden al desarrollo procesal del caso. Se refieren a las decisiones adoptadas por el magistrado instructor el 15 y 16 de octubre sobre la situación personal de Ábalos y Koldo García. El magistrado del TS, Leopoldo Puente, decidió mantener las medidas cautelares para ambos —prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencia quincenal en sede judicial— al considerar que, aunque el riesgo de fuga es «creciente», puede conjurarse con estas medidas.
Cerdán está encarcelado en Soto del Real (Madrid) debido a un supuesto «papel principal» en una trama de sobornos a cambio de obras públicas. En una reciente resolución, el instructor del caso adelantó que Cerdán podría salir de prisión antes de que se cumplan los primeros seis meses de su encarcelamiento, que finalizan el 30 de diciembre.
NO HAY VÍNCULOS CON EL PATRIMONIO DE ÁBALOS
Los abogados de Cerdán argumentan, además, que un reciente informe sobre las finanzas de Ábalos, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), detecta una fuente de ingresos de dinero en efectivo de origen desconocido, pero no revela ninguna conexión entre el patrimonio del exministro y el de Cerdán. «La realidad documental, contable y bancaria de Ábalos, estudiada por la unidad de élite de la Guardia Civil, no confirma la hipótesis de la acusación. A pesar de ello, Cerdán sigue preso a día de hoy», denuncian.
La defensa complementa su postura con alegaciones previas rechazadas, argumentando que su encarcelamiento preventivo viola su derecho fundamental a la participación política, en virtud de su inmunidad como diputado del Congreso. Cuestionan cómo se llevó a cabo la investigación, sugiriendo que la Policía Judicial actuó sin los permisos necesarios y generó un atestado de 490 páginas sin orden previa.
INVESTIGACIÓN POLICIAL Y GRABACIONES
La defensa de Cerdán también expresa su desconfianza respecto a la investigación policial, criticando la falta de claridad sobre los orígenes y fuentes de la misma. Sostienen que un agente encubierto vinculado a la Guardia Civil, Rubén Villalba, proporcionó teléfonos seguros a la trama para que se comunicaran. Además, ponen en duda la validez de las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023, las cuales son unos de los principales indicios de culpabilidad.
Recuerdan, incluso, que hay investigaciones judiciales por espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros mediante programas informáticos, instaurando la hipótesis de que estos factores deberían ser considerados en el contexto del caso de Cerdán.
Por todo ello, la defensa solicita al magistrado que se indague acerca de «quién, cómo, cuándo y por qué» se grabaron estos audios, así como su edición y propósito final.
