MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) – La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha señalado que la mejor forma de proteger el derecho al aborto de los vaivenes políticos es incluirlo en la Constitución. Sin embargo, Calvo aclara que esta inclusión debería realizarse no de la forma en que lo propone el Gobierno, sino integrándolo dentro del bloque de derechos fundamentales. Esta acción conllevaría la disolución de las Cortes Generales, la celebración de nuevas elecciones y un referéndum posterior.
Calvo, que ocupó el cargo de vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa. Se le preguntó sobre el blindaje constitucional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo aprobado por el Ejecutivo.
El texto que fue aprobado por el Consejo de Ministros, que pronto será revisado por Calvo en el Consejo de Estado para emitir un dictamen, propone incluir un nuevo apartado al artículo 43 de la Carta Magna, relativo al derecho a la salud.
La presidenta del Consejo considera «factible» la propuesta del Gobierno, sin embargo, sostiene que el aborto es un derecho «del tronco de la libertad», fundamentado en el «artículo 10» y el «artículo 15» de la Constitución. Este último artículo se encuentra en la sección de derechos fundamentales, que gozan de una protección especial en el texto constitucional.
Procedimiento agravado de reforma
Para realizar esta modificación constitucional, se necesita seguir el procedimiento agravado establecido. Esto incluye la aprobación por dos tercios de ambas cámaras, es decir, 233 diputados y 177 senadores, así como la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones. Además, el nuevo texto tendría que ser ratificado por el Parlamento electo y sometido a un referéndum obligatorio y vinculante.
A pesar de que el Consejo de Estado evita pronunciarse públicamente sobre sus dictámenes, Calvo se ha permitido expresar su opinión debido a que ya ha discutido este tema anteriormente y considera que sería «hipócrita» no hacerlo.
La presidenta del Consejo no cree que la inclusión del aborto en el artículo 43, tal como lo plantea el Gobierno, implique desprotección, a pesar de las advertencias de ciertos sectores feministas. Ella argumenta que el lugar más adecuado para legislar acerca de este derecho es el bloque de derechos fundamentales de la Constitución, que abarca desde el artículo 15 hasta el 29.
Calvo afirma que tendría lugar un debate en el Consejo de Estado al abordar esta cuestión y espera alcanzar un acuerdo unánime en el seno del organismo consultivo.
Blindaje frente a vaivenes políticos
A opinión de Calvo, se trata de una discusión «muy relevante para la mitad de la población del mundo», y el derecho al aborto no debe estar sujeto a «los vaivenes políticos» derivados de los cambios de gobierno. Ella defiende que este derecho debería estar protegido «de manera certera para la libertad de las mujeres».
Calvo subraya que “como lo tengo escrito y además lo he dicho públicamente, esa es la posición en la que creo que la naturaleza jurídica de esta libertad se quedaría garantizada”, añadiendo que “las otras vías son también factibles” y forman parte de la discusión actual en la sociedad.
Hasta la fecha, el anteproyecto del Gobierno no ha llegado aún al Consejo de Estado. Fuentes del organismo consultivo informan que, una vez que lo reciba, tendrán un plazo de dos meses para emitir un dictamen, dado que el Consejo de Ministros ha optado por un trámite ordinario, no urgente. De haberse tratado como un expediente urgente, el plazo de respuesta habría sido solo de 15 días.
