La Comisión Europea ha reclamado a España más medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre conflictos de interés de altos cargos. Este llamado se produce a la luz de los avances «limitados» de las reformas emprendidas hasta ahora, con recomendaciones que Bruselas ha publicado en su informe anual sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete, aunque estas no son vinculantes para los gobiernos.
Avances Limitados en la Lucha contra la Corrupción
En el capítulo dedicado a España, los servicios comunitarios destacan «algunos avances» en la reducción de los tiempos de las largas investigaciones y procesos por casos de corrupción de alto nivel, incluyendo el aumento de platillas y reformas legislativas. Sin embargo, a juicio de Bruselas, son necesarias más medidas, ya que «persisten los desafíos» y la tramitación de estas reformas está siendo lenta.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario recomienda a España impulsar el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y enjuiciamientos, con miras a reducir las demoras.
Asimismo, la Comisión ha enfatizado la falta de avances significativos en las normas sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos. A pesar de iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado, lo que llevó a Bruselas a insistir en que se refuercen estas áreas y se garantice la independencia y eficacia del organismo supervisor competente.
Crisis de Confianza en el Poder Judicial
En este informe, la Comisión también pone de manifiesto la «preocupación» que existe entre jueces y profesionales del derecho por las «declaraciones públicas de políticos», que critican las decisiones judiciales. Miembros del poder judicial, incluido el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han expresado que estas declaraciones erosionan la confianza pública en la justicia.
Además, se ha hecho eco de acusaciones de «lawfare» y críticas personales contra magistrados, especialmente tras sentencias de gran repercusión. Aunque la crítica es parte del debate democrático, los servicios comunitarios advierten que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar comentarios que socaven la independencia judicial.
El informe concluye que todos los órganos del Estado deben mantener un respeto mutuo para asegurar el adecuado funcionamiento de las instituciones y proteger la confianza que el público deposita en ellas.
Reformas Pendientes para el CGPJ y la Fiscalía General
La evaluación sobre la situación democrática en España advierte que sigue pendiente la reforma del sistema de elección de los jueces del CGPJ. Bruselas insta al Gobierno de Pedro Sánchez a adaptar el procedimiento de nombramiento de los magistrados a los estándares europeos, sugiriendo que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales.
A pesar de que ha habido «algunos avances», persiste la falta de consenso para finalizar el proceso. Bruselas menciona un acuerdo logrado entre el PSOE y el PP con mediación de Bruselas hace dos años que aún no se ha materializado. Además, se reconocen «avances significativos» en el fortalecimiento del estatuto de la Fiscalía General, con un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que amplía el mandato del fiscal general y lo desvincula del Gobierno, aunque esta reforma aún está en trámite y no ha sido aprobada.
La Comisión también ha solicitado avances en la ley de transparencia relativa a los grupos de interés, que aún está pendiente de aprobación. En cuanto a la libertad de medios, se han recibido quejas por riesgos relacionados con la independencia editorial de los medios públicos.
Respeto al Aval del TJUE a la Ley de Amnistía
El informe fue publicado un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmara que la Ley Orgánica de Amnistía no infringe el Derecho comunitario ni afecta a los fondos europeos. Este apoyo se menciona en el documento, aunque sin una valoración en profundidad.
El comisario de Justicia, Michael McGrath, ha subrayado el compromiso de la Comisión de respetar las decisiones del TJUE, incluidas las sentencias recientes sobre la ley de amnistía. A pesar de que aún hay cuestiones prejudiciales pendientes de resolución, ha afirmado que corresponde a los tribunales nacionales ejecutar las decisiones del tribunal europeo.
Desde el Ejecutivo comunitario se continuará monitorizando la evolución de los casos y sus respectivos fallos.
