BRUSELAS, 17 de octubre (EUROPA PRESS) – La Comisión Europea ha afirmado este viernes que no comentará sobre «operaciones de mercado» para evitar emitir un juicio sobre el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Sin embargo, ha aclarado que continúa con el expediente sancionador abierto contra España debido a los poderes discrecionales que la legislación española otorga al Gobierno para poder frenar este tipo de operaciones, ya que el procedimiento examina la ley en general y no un caso específico.
Bruselas «no comenta el resultado de ninguna operación de mercado y nunca lo hará», ha subrayado el portavoz comunitario para Servicios Financieros, Olof Gill, durante una rueda de prensa al ser interrogado sobre la OPA fallida.
Procedimiento de Infracción en Marcha
Asimismo, al ser cuestionado sobre el procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario inició en julio contra España, el portavoz ha indicado que «sigue en marcha». Esto se debe a que se consideró que hay legislación española que incumple la normativa comunitaria, sin relación al caso específico del BBVA y el Sabadell.
Gill ha resumido que «la clave a tener en cuenta es que cuando la Comisión inició el procedimiento de infracción fue en relación a determinadas disposiciones de la ley española que, estimamos, infringe el Derecho comunitario». Además, ha señalado que esta norma española «afecta a las competencias exclusivas» del Banco Central Europeo.
Consolidación Bancaria en el Punto de Mira
El portavoz ha insistido en que Bruselas «no comenta casos individuales de consolidación bancaria», aunque ha enfatizado que el Ejecutivo comunitario está al tanto de que la consolidación del sector, mediante fusiones nacionales y transfronterizas, «puede ayudar a mejorar la eficiencia bancaria» y, por ende, beneficiar a la economía europea y a los consumidores en general.
En julio pasado, los servicios comunitarios enviaron una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, expresando sus dudas sobre la transposición de dos normas europeas que, en su opinión, requieren un cambio profundo. También cuestionaron si la intervención del Gobierno en la OPA se situaba dentro del interés general.
Con este procedimiento, la Comisión ha iniciado un diálogo con las autoridades nacionales para resolver las inquietudes planteadas por los servicios comunitarios. Si este problema no se resuelve y el expediente continúa, el asunto podría, eventualmente, ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
