Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado al abogado penalista Jaime Campaner como su defensa de cara al juicio con jurado popular contra ella y su asesora, Cristina Álvarez. El caso se desarrolla en un contexto de acusaciones serias que involucran delitos de malversación y tráfico de influencias.
Designación del Abogado
En un escrito dirigido al juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso, Campaner comunica que asume la dirección letrada de Gómez y solicita la entrega de las actuaciones de la instrucción. Esta acción refuerza la estrategia legal que busca mejorar su defensa ante las acusaciones.
Aumento del Plazo para Preparar Defensa
Además, el abogado solicita «una ampliación de diez días hábiles para la formulación del escrito de conclusiones provisionales», alegando que necesita «disponer de tiempo suficiente para instruirse y ejercer una asistencia letrada eficaz». Según su argumento, esta extensión es crucial para garantizar el derecho fundamental a la defensa, dado el considerable volumen y la complejidad de los hechos objeto de acusación.
Volumen del Caso y Pruebas Disponibles
Campaner recuerda que la ley «considera como justificación suficiente para acceder a la ampliación del plazo tras la conclusión del sumario en el procedimiento ordinario que la causa supere los mil folios». En este caso, precisa que «se trata de una cifra rebasada con creces», ya que el volumen del expediente supera los treinta tomos y contiene abundantes grabaciones audiovisuales.
Cambio de Defensa
Con la designación de Campaner, Begoña Gómez sustituye a Antonio Camacho, exministro socialista, que ha representado a la esposa del presidente desde el inicio de las investigaciones. Este cambio podría indicar una nueva estrategia en la defensa legal de Gómez frente a las acusaciones que enfrenta.
Acusaciones e Implicaciones Legales
La acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide 13 años de prisión para Gómez por dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias, mientras que se solicitan seis años para Cristina Álvarez por un supuesto delito de malversación. Estas solicitudes reflejan la gravedad con que se están tomando las acusaciones en el marco de este juicio.
Consideraciones del Tribunal
Cabe recordar que los magistrados de la Audiencia de Madrid indicaron que «parece perfectamente verosímil sostener» que Gómez «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno», no solo para lograr la concesión de la cátedra en la UCM, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto.
