MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de «buscar escudos para protegerse a sí mismo» tras autorizar la investigación de los presuntos crímenes cometidos por Israel en Gaza. Esta decisión ha levantado una ola de controversia y ha suscitado críticas entre los miembros del Partido Popular.
García Ortiz ha decidido investigar los crímenes ocurridos en la Franja de Gaza durante la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, abordando temas como genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Asimismo, ha ordenado la creación de un equipo conjunto para llevar a cabo la investigación, que estará compuesto por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
Se ha revelado que García Ortiz concedió a Delgado la autorización que ella solicitó el pasado 28 de julio para actuar como «coinvestigadora» junto a Alonso en esta pesquisa. Esta decisión ha sido objeto de múltiples interrogantes sobre la independencia y los intereses que podrían estar en juego dentro de la Fiscalía.
La exigencia de dimisión
Al ser consultada sobre la valoración del PP respecto a esta decisión de la Fiscalía y si se considera que García Ortiz se extralimita en su función, García fue clara y afirmativa: «Lo que tiene que hacer García Ortiz es dimitir y no buscarse escudos para protegerse a sí mismo». Estas palabras reflejan la postura crítica del PP ante lo que consideran una actuación irresponsable de la Fiscalía.
En un tono incisivo, García añadió: «Imagino que la Fiscalía pide investigar esto con la misma intensidad que pidió no investigar los correos de Begoña Gómez (esposa del presidente del Gobierno) o con la misma intensidad que borró sus propios mensajes». Estas afirmaciones ponen de manifiesto la creciente tensión entre el PP y el Gobierno en torno a la gestión de la justicia.
Por otro lado, es relevante recordar que el 9 de septiembre, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, decidió abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Inicialmente se le reclamó una fianza de 150.000 euros, pero posteriormente el Tribunal Supremo corrigió la cantidad a 75.000 euros.
