El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su preocupación ante la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, quien ha prohibido al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas. Esta comunicación fue dirigida a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
Según información del propio Ministerio, Grande-Marlaska, quien también es magistrado, asegura que respeta «escrupulosamente» la independencia judicial. También enfatiza el deber de colaboración con los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.
Ley de Seguridad Nacional
No obstante, el ministro sostiene que la actual crisis ha llevado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional amparada por la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional. En este contexto, argumenta que «no debería ser incompatible» atender los requerimientos judiciales y, al mismo tiempo, informar de los asuntos relevantes a los responsables políticos para gestionar la situación de tal magnitud.
Grande-Marlaska continúa diciendo que la información que posee la Policía Nacional es «de gran interés» para que el Gobierno pueda realizar correctamente sus funciones de dirección de las políticas interior y exterior, así como para la defensa del Estado.
Por ello, concluye que, en circunstancias de extrema gravedad como las que se viven en Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los jueces mientras también facilita al Gobierno la información necesaria para adoptar las decisiones adecuadas en defensa de la seguridad nacional y pública, «sin que se resienta la independencia judicial».
