MADRID, 29 Ago. – La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto de manifiesto «problemas de equidad» en materia de financiación que son «prácticamente invisibles» para el público general. Según el informe, Cataluña recibe la mayor cantidad de recursos para gestionar sus competencias singulares, con 450 euros por habitante, en contraste con los 8 euros per cápita que recibe Castilla-La Mancha.
El informe, redactado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, destaca que este reparto de recursos genera diferencias extremas entre las comunidades autónomas de régimen común. Fedea ha recopilado datos del ejercicio de 2023, señalando que Cataluña es la comunidad que lidera en este aspecto con un total de 3.563 millones de euros, lo que equivale a un índice de 243,4, es decir, casi dos veces y media la media de las comunidades de régimen común, fijada en 185 euros por habitante.
Tras Cataluña, las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja ocupan los siguientes lugares en cuanto a mayor dotación por habitante, con 320 y 318 euros, respectivamente. En el extremo opuesto, se encuentran las comunidades que han asumido pocas transferencias singulares, como Castilla-La Mancha, con 8 euros por habitante; Castilla y León, con 9 euros; y Extremadura, con 11 euros por habitante.
Desigualdades Invisibles
Fedea también denuncia que la metodología del «coste histórico» actualmente aplicada genera «valoraciones muy dispares e incoherentes» para un mismo servicio según el territorio. Estas desigualdades son «prácticamente invisibles» para la ciudadanía, ya que el Ministerio de Hacienda no publica regularmente los datos detallados.
En su análisis del ejercicio 2023, Fedea ha cifrado en 8.319 millones de euros el gasto en competencias singulares, que son atribuciones que solo asumen algunas autonomías. Entre ellas, la competencia más costosa tras la policía autonómica catalana es la del personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, seguida de la participación provincial en los ingresos del Estado, que asciende a 1.329 millones.
El informe detalla que los fondos para la normalización lingüística alcanzan los 813 millones de euros, los hospitales provinciales suman 606 millones y las instituciones penitenciarias de Cataluña cuentan con 603 millones.
Diferencias en Enseñanza y Justicia
El informe también señala ejemplos de costes dispares por el mismo servicio que son «difícilmente justificables». En la gestión de la Administración de Justicia, que ha sido traspasada a diez comunidades, el coste por habitante varía en más de 80 puntos de índice. Por ejemplo, Asturias ha recibido 81,8 euros por habitante, mientras que Galicia ha percibido 35,5 euros y la Comunidad Valenciana se ha quedado en 37,7 euros.
Una brecha aún más acentuada se registra en la partida destinada a los profesores de religión, donde la financiación por alumno en edad escolar presenta desviaciones de más de 150 puntos de índice. Asturias lidera este reparto con 88,7 euros por alumno, en comparación con los 20 euros de Cataluña y los 29,2 euros de Baleares.
Finalmente, la valoración de las competencias de las provincias coloca a Madrid con 136 euros per cápita, en contraposición con los 367 euros de Extremadura.
