Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno. – Jesús Hellin/STUDIO MEDIA
MADRID, 10 de junio de 2023 – El Gobierno está trabajando en un nuevo reglamento que se publicará «de manera inminente» en audiencia pública, con el objetivo principal de actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME) y «proteger mejor a las familias». Este anuncio fue realizado por la portavoz del Gobierno y ministra Elma Saiz durante la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, respondiendo a la diputada de EAJ-PNV, Idoia Sagastizabal, sobre las medidas a adoptar para garantizar el «correcto funcionamiento» de la prestación CUME.
Saiz detalló que el nuevo reglamento tiene tres grandes objetivos: «Ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual; reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales; y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad». También reconoció que «las leyes no deben promulgarse, sino que deben protegerse de interpretaciones restrictivas que desvirtúen su espíritu humano». Afirmó, «Puedo afirmar con claridad que este Gobierno está desplegando una estrategia sin precedentes para blindar, ampliar y humanizar el funcionamiento de esta prestación».
El texto del nuevo reglamento, según aseguró, «es el resultado de un proceso de escucha y diálogo con la representación de los colectivos de padres y madres afectadas». Saiz enfatizó que «nueva normativa responde a una necesidad real y profundamente humana, proteger mejor a las familias que atraviesan una de las situaciones más duras que se pueden vivir en un hogar».
Además, ha indicado que «con el paso de los años, la realidad sanitaria y familiar, así como la propia experiencia de gestión de esta prestación, ha cambiado». Afirmó que «cuando la realidad cambia, las normas también tienen que cambiar para seguir siendo útiles, eficaces y justas, eso es exactamente lo que hacemos con la nueva norma».
Con este nuevo texto, el Gobierno busca «actualizar la regulación, resolver problemas interpretativos, dar más seguridad jurídica y adaptar la protección social a las necesidades reales de las familias».
Derogar la Anterior Norma y Aprobar un Nuevo Reglamento Completo
La primera novedad de esta norma es que el Ejecutivo aprobará un nuevo marco reglamentario completo, derogando «íntegramente» el anterior real decreto y aprobando «una nueva regulación sistemática y coherente que integre y garantice la seguridad de las familias».
La segunda novedad es la actualización del concepto de situación protegida. Saiz explicó que «la medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también lo hacen». Indicó que «muchas situaciones de enorme complejidad ya no pasan necesariamente por un ingreso hospitalario clásico y prolongado; existen hospitalizaciones domiciliarias, tratamientos ambulatorios complejos, cuidados especializados en el domicilio y procesos de recaída que también exigen igualmente una dedicación intensa, constante y permanente por parte de las familias».
Por ello, la nueva norma reconocerá expresamente como situaciones asimiladas al ingreso hospitalario de larga duración la hospitalización domiciliaria, los tratamientos ambulatorios continuados con vigilancia clínica, los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas, y las recaídas en enfermedades graves previamente reconocidas.
«Con ello adaptamos la norma a la práctica médica habitual, actual, y evitamos que las familias queden excluidas de la protección por el simple hecho de que el modelo asistencial haya cambiado», comentó la ministra.
La tercera mejora se refiere a la realidad de las familias, ya que la norma «clarifica» el régimen aplicable en casos de nulidad, separación y divorcio de parejas de hecho, que eran algunos de los supuestos «que más dudas, conflictos interpretativos e inseguridad generaban». Saiz aclaró que «regulamos mejor la convivencia exclusiva, la convivencia compartida y la alternancia en la percepción del subsidio para que la protección llegue de manera más clara y más justa allí donde debe llegar».
La cuarta novedad relevante es la revisión del régimen de duración y prórroga del subsidio. En este contexto, el nuevo reglamento configura un sistema «más flexible y más ajustado» a la realidad clínica de las enfermedades. «Se amplían plazos y se mejora el esquema de prórrogas para compasar mejor el reconocimiento de la prestación al curso real de las patologías y a las necesidades de cuidado que estas generan», aseguró Saiz.
Mejoras en la Acreditación Médica y en los Mecanismos de Supervisión
Junto a estas novedades, el nuevo texto incorpora mejoras en la acreditación médica y en los mecanismos de supervisión. Integra en la propia norma el modelo oficial de declaración médica que hasta ahora se regulaba separadamente y refuerza su contenido para que quede mejor reflejada la necesidad de cuidado directo continuo y permanente.
Además, prevé la incorporación bianual de un informe de la inspección médica para las prórrogas, con el fin de «reforzar la objetividad de la homogeneidad y la transparencia en la gestión». «No estamos solo ampliando cobertura, estamos mejorando la calidad institucional de la prestación», aseguró Saiz.
Asimismo, otorga «mayor seguridad y previsibilidad» para los autónomos, permitiendo que también las personas que trabajan por cuenta propia puedan ejercer este derecho «en condiciones más claras». Además, actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías como el trastorno del espectro autista.
En este sentido, la nueva norma habilita una vía reglamentaria para que ese listado «pueda seguir actualizándose conforme avance el conocimiento científico». «Una prestación de estas características no puede quedarse congelada en el tiempo mientras la medicina y la sociedad avanzan», añadió Saiz.
Por su parte, la diputada de EAJ-PNV reconoció que, aunque el espíritu de la norma que actualmente se encuentra en vigor era «incuestionable», su objetivo «hoy está lejos de cumplirse, porque entre la finalidad de la norma y su aplicación real se ha abierto una grieta profunda». «Una grieta que atraviesa la vida de cientos de familias que cuidan a un hijo o hija gravemente enfermo o enferma, que pese a tener una prestación diseñada para protegerles, se encuentran con un número de trabas, interpretaciones arbitrarias y silencios administrativos», concluyó la diputada.
