La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 200.000.000 euros a la plataforma china de ventas online Temu por no identificar, analizar y evaluar adecuadamente los riesgos sistémicos asociados a la oferta de productos ilegales en su plataforma, lo que ha perjudicado a los usuarios y viola las obligaciones establecidas en la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
Henna Virkkunen, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, ha afirmado en un comunicado: «Es hora de que Temu cumpla con la ley». Esta sanción se convierte en la más elevada hasta la fecha impuesta por Bruselas bajo el marco de la DSA.
La multa surge de una investigación que comenzó en 2024 y que continúa abierta para examinar otros cargos graves, tales como la falta de medidas adecuadas para mitigar los riesgos y el diseño adictivo de la plataforma que, de confirmarse, podrían resultar en nuevas sanciones contra Temu, según indicaron fuentes de la Comisión.
Plazo para la corrección de irregularidades
Virkkunen ha subrayado que los análisis de riesgos que la DSA exige a las plataformas de gran tamaño, como es el caso de Temu, «no son meros trámites burocráticos», sino que constituyen la «base» de la regulación europea.
La compañía tiene un plazo de tres meses, hasta el 28 de mayo, para presentar un plan de acción concreto con el fin de corregir las irregularidades. Aunque la presentación de este plan no le eximirá de la multa, sí podría evitar sanciones adicionales si persiste en los incumplimientos. Posteriormente, Bruselas evaluará el plan presentado para determinar su suficiencia y establecer un calendario para su implementación.
Evaluación de riesgos deficiente
Virkkunen ha criticado que la evaluación de riesgos de Temu «subestima las amenazas concretas, carece de especificidad, no se fundamenta en pruebas sólidas y no es exhaustiva». Ha advertido que, como resultado, reguladores, usuarios y el público en general desconocen la «verdadera magnitud del daño potencial» que presentan los productos ilegales disponibles en esta plataforma de venta ‘lowcost’.
La investigación formal de los servicios comunitarios ha determinado que las evaluaciones realizadas por Temu sobre su servicio se basan en «información general» del sector del comercio online y no en pruebas específicas llevadas a cabo en su propia plataforma.
Además, se concluye que Temu no ha valorado adecuadamente la gravedad de la frecuencia con la que los consumidores europeos se enfrentan a productos ilegales. Durante una prueba realizada por la Comisión a partir de un perfil de comprador encubierto, se detectó que «un porcentaje muy elevado» de los cargadores eléctricos ofrecidos no cumplía con las pruebas de seguridad básicas.
Estas pruebas también revelaron que una alta proporción de juguetes para bebés presentaban problemas de seguridad «de gravedad media alta», ya sea por la presencia de químicos en niveles que superan los umbrales legales o por los riesgos de asfixia derivados de piezas desmontables, entre otros factores. Asimismo, la tercera irregularidad que se consideró para calcular la sanción fue la falta de una evaluación adecuada sobre cómo el diseño de su servicio podría incrementar los riesgos de difusión de productos ilegales a través de programas de recomendación y promoción realizados por ‘influencers’ afiliados.
Dificultades para Temu
En un comunicado, Temu ha calificado la multa impuesta por Bruselas de «desproporcionada» y ha criticado que la decisión de incumplimiento se haya basado en una primera evaluación de la plataforma realizada en 202, que según la empresa «no refleja el estado actual» de su sistema y plataforma.
«Temu respeta los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada», declaró la compañía.
La empresa de compras de bajo coste sostiene que ha cooperado de «manera constructiva» con el Ejecutivo comunitario «durante todo el proceso» y que a lo largo de este tiempo ha adoptado «medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios».
Finalmente, concluyó afirmando que «estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles», dejando abierta la posibilidad de recurrir la sentencia ante la Justicia europea.
