El Gobierno catalán y ERC han acordado reforzar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) con 527 millones de euros hasta 2029 en el marco de las negociaciones para los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Este impulso permitirá a la ATC dotarse, en los próximos tres años, de los medios humanos y técnicos necesarios para asumir todas las funciones tributarias relacionadas con la gestión del IRPF, que ha quedado fuera de las negociaciones presupuestarias a la espera de poder aprobarlo en el Congreso a través de enmiendas a la ley de la nueva financiación.
Además, socialistas y republicanos están ultimando un acuerdo para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que actualmente está controlado por el Estado. El CZFB está presidido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pero quien tiene la mayoría en la gobernanza del ente es el Estado. Este acuerdo iría en la dirección de lograr «más soberanía» y competencias para Catalunya.
Estas acciones se suman a lo acordado para impulsar la línea orbital ferroviaria, que unirá las regiones metropolitanas desde Mataró hasta Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona. Este proyecto, que costaría 5.200 millones de euros, se ejecutaría entre 2027 y 2040, y sería financiado íntegramente por el Estado con ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
SOCIEDAD MERCANTIL DE INVERSIONES
Asimismo, republicanos y socialistas han pactado la creación por parte del Gobierno de una sociedad mercantil de inversiones del Estado, la cual no necesita pasar por el Congreso. Esto se produce después de que no se lograra aprobar en la Cámara baja el Consorci d’Inversions, con el voto en contra de PP, Vox y Junts.
Este lunes, los republicanos reunirán su Consell Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, para valorar si existen las condiciones suficientes para acordar los Presupuestos catalanes. Además, el Govern ha avanzado en las últimas horas en las negociaciones con los Comuns, con quienes ya tenían un pacto previo de Presupuestos, que descarriló en la tramitación en febrero al no contar con el apoyo de ERC.
