Madrid, 8 de mayo. – El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha considerado «inválidos» los aranceles del 10% impuestos por el presidente Donald Trump, los cuales fueron anunciados temporalmente en febrero tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los gravámenes recíprocos masivos.
La decisión, que fue adoptada por una mayoría de 2 a 1 en un panel de jueces dividido, representa un nuevo revés para la Casa Blanca. Sin embargo, no implica la retirada general de los aranceles ni un reembolso masivo; se aplicará únicamente a tres de los demandantes: el estado de Washington y las empresas Burlap & Barrel y Basic Fun!. La sentencia deja abierta la posibilidad de que otros importadores soliciten medidas cautelares más amplias.
En su fallo, el Tribunal de Comercio Internacional considera que la promulgación de los aranceles, bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que confiere al presidente de EE.UU. la facultad de abordar problemas de pagos internacionales mediante recargos y restricciones especiales a las importaciones, «es inválida» y que los aranceles impuestos a los demandantes carecen de autorización legal.
La Corte señala que, en lugar de identificar los déficits de balanza de pagos, que era el propósito original en 1974, la decisión presidencial se basa en déficits de la cuenta corriente y en un análisis de «un déficit comercial considerable y grave». A pesar de que la cuenta corriente es relevante para los déficits de balanza de pagos, «son conceptos distintos, y la ley reconoce esta distinción».
Además, advierte que la declaración del Gobierno reconoce claramente que la proclamación de los nuevos aranceles no se fundamenta en los indicadores utilizados para medir los déficits de balanza de pagos que se discutieron en el momento de su promulgación.
No obstante, uno de los jueces del panel emitió un voto particular al calificar de «prematuro» el decidido si el Tribunal debía respaldar o invalidar la medida.
Esta decisión del Tribunal de Comercio Internacional puede ser apelada por el Gobierno, que podría llevar el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU., y luego, potencialmente, a la Corte Suprema.
