
En Madrid, el 29 de abril de 2025, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, carga la responsabilidad del apagón eléctrico del 28 de abril sobre Red Eléctrica de España (REE), indicando que el incidente se debió a «una planificación inadecuada y a una mala gestión del sistema eléctrico».
Durante una conferencia con analistas sobre los resultados del primer trimestre del grupo, Galán destacó que todas las investigaciones, informes y auditorías han confirmado que «no había suficiente» energía síncrona, «aún a pesar de que la energía estuviera disponible».
Como evidencia, mencionó el cambio en el modo de operación del sistema por parte de la Red Eléctrica desde el apagón, el cual ahora cuenta con «más capacidad síncrona». «¿Por qué han modificado su sistema operativo? Entonces estamos pagando miles de millones de euros en costes adicionales los ciudadanos y las empresas, simplemente porque han cambiado el sistema operativo y han incluido más capacidad síncrona, mucho más capacidad, puesto que la energía estaba disponible», añadió Galán.
El presidente de Iberdrola estimó que el problema no es de «una falta de energía», afirmando que la propia empresa tiene una capacidad instalada en el país «que es tres, cuatro o cinco veces más que la energía que se necesita a diario».
Distinguir entre las Redes de Transporte y la Operación del Sistema
Galán hizo un llamado a «distinguir entre las redes de transmisión o de transporte, que es una actividad, es un negocio, y la operación del sistema, que no es un negocio para sacar beneficios, sino que es una responsabilidad pública».
Según él, «esta es la razón por la que en otros países, ambas actividades están totalmente separadas del operador. El sistema tiene que asegurarse de que se mantengan las luces encendidas, y las actividades de red son un negocio, en el cual tenemos que maximizar la rentabilidad. Y si no tienes cuidado con estas dos cosas, puedes tener situaciones peligrosas, como hemos visto», advirtió.
Expedientes de la CNMC No Relacionados con el Apagón
El director de Servicios Jurídicos de la eléctrica, Gerardo Codes, destacó que ninguno de los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la compañía «están relacionados con los eventos que llevaron al apagón» y aseguró que la defensa del grupo sobre el incidente es «muy fuerte», ya que «siempre ha actuado de acuerdo con la Ley y con total transparencia».
Codes también señaló que «el único procedimiento directamente relacionado con el apagón» es el abierto a Red Eléctrica. En cuanto a las reclamaciones de clientes por el incidente, el director de Servicios Jurídicos de Iberdrola aseguró que la compañía no ha recibido muchas reclamaciones en comparación con el tamaño de su cartera de clientes y además, indicó que cuenta con sus seguros.
La Nuclear, «Crítica y Vital» para Europa
Respecto al parque nuclear en España, Galán reiteró que se trata de una energía que es «necesaria, es segura, es eficiente y, además, permite reducir los precios y garantiza la seguridad del sistema».
Destacó que actualmente los países europeos que no disponen de esta tecnología «tienen unos precios superiores» de electricidad. Por ejemplo, mencionó que en Alemania o Italia, los precios son incluso 40 euros más por megavatio hora (MWh) en comparación con Francia y España.
Adicionalmente, indicó que la propia Comisión Europea, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, «está pidiendo que los estados miembros eviten cerrar de manera prematura estos activos nucleares, e incluso dijo que fue un error europeo cerrar y no invertir en centrales nucleares, puesto que esta energía nos proporciona electricidad de bajo coste».
Finalmente, el presidente de Iberdrola consideró que Bruselas ya se refiere a la energía nuclear como «una infraestructura crítica para Europa y vital». En cuanto a la central nuclear extremeña de Almaraz, Galán destacó que las compañías propietarias ya han solicitado la ampliación de su vida útil hasta 2030, y que este proceso «está ahora mismo en curso».
En este sentido, afirmó que esta tecnología debe contar con precios atractivos o bien con una reducción de la imposición fiscal, algo que en algunas comunidades autónomas de España, como Extremadura o la Comunidad Valenciana, ya se está produciendo. «Están dispuestos a reducir la carga fiscal local, lo cual es algo que ya se está teniendo en consideración», concluyó.
