Las auditoras encargadas de la revisión de la compra de mascarillas por el Ministerio de Transportes durante la pandemia comparecieron este jueves ante el Tribunal Supremo. En su declaración, afirmaron que la previsión de adquirir cuatro millones de unidades por parte de Puertos del Estado se incrementó a ocho millones en «apenas 13 minutos» sin criterio claro que sostuviera esta decisión. La empresa Soluciones de Gestión, presuntamente vinculada a una trama de corrupción, había afirmado que solo podía suministrar esa cantidad «o nada» y, ante su insistencia, el cambio de planes se realizó de manera abrupta.
Detalles del juicio
En su calidad de peritos en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, las auditoras explicaron que hubo una serie de discusiones internas donde quedó establecida la intención inicial de comprar solo cuatro millones. Sin embargo, trascendió que el secretario general de Puertos, tras recibir información de la empresa, se comunicó nuevamente para informar que se iban a adquirir ocho millones en lugar de cuatro.
«Desde ese correo, apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su equipo», confirmaron las auditoras.
A lo largo del proceso, las expertas resaltaron que, en toda la documentación revisada y en las entrevistas efectuadas para la auditoría interna, no encontraron justificación para el cambio en la decisión de compra. «De hecho, me dijeron que se adaptaron a lo que la empresa ofrecía», agregó una de las auditoras.
La empresa conocía el proceso antes de publicarse
Las auditoras también apuntaron que la oferta de Soluciones de Gestión fue recibida el 20 de marzo de 2020, días antes de que se publicara la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto sugiere que hubo una filtración de información antes de la oficialidad de la compra.
Una de las auditoras declaró: «Que lo conocía sí está documentado. Cómo lo conocía, no lo sabemos».
Además, durante el interrogatorio por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se reafirmó que Koldo García excedió sus atribuciones durante el proceso, lo que fue motivo de reproche en su comparecencia.
Falta de transparencia en la auditoría
Por su parte, una perito designada por las defensas denunció «falta de transparencia» en la auditoría de Transportes, mencionando documentos y anexos que no fueron suministrados públicamente. La perito criticó que no se pudieron comprobar las razones por las cuales se entrevistó a ciertas personas y no a otras relevantes para el caso.
Las auditoras del Ministerio de Transportes, en respuesta, rechazaron cualquier acusación de haber presentado «juicios de valor» en su informe, insistiendo en que habían citado correctamente todas las manifestaciones recogidas.
Examen caligráfico concluyente
En otro ámbito del juicio, una perito caligráfica aseguró haber encontrado 20 gestos de escritura que determinan sin lugar a dudas que Koldo García es el autor de ciertos documentos. Esta conclusión fue considerada «categórica» por la especialista.
A pesar de que la abogada de Koldo planteó que su cliente había pasado por varias operaciones en el hombro, la perito destacó que los hábitos de escritura son innatos y permanecen constantes a lo largo del tiempo.
Valoración del inmueble en la Castellana
Adicionalmente, dos peritos evaluaron un apartamento ubicado en la madrileña calle de la Castellana, que presuntamente fue ofrecido a Ábalos como un favor, y confirmaron que su valor aproximado es de 1.442.000 euros. Sin embargo, los peritos no pudieron acceder a la vivienda y debieron recurrir al «método comparativo» para establecer su valor en función de inmuebles similares en la misma zona.
En respuesta a un interrogante del abogado de Ábalos sobre si la larga duración del alquiler había sido considerada en la valoración, los peritos afirmaron que no tenían conocimiento de esta circunstancia y que, en cualquier caso, «en la valoración del inmueble no afecta».
Polémica por los audios
Finalmente, la sesión de la tarde fue testigo de una disputa entre las partes en relación a la prueba de unos audios incautados por la Guardia Civil. La defensa argumentó que estos audios pertenecían a otro caso investigado y el fiscal, ante la insistencia, expuso su confusión sobre esta observación.
El tribunal acordó que el fiscal delimitara el campo de las pericias, enfocándose en la obtención y conservación de las pruebas. Aún así, los agentes declararon que «no» hallaron «muestra de manipulaciones en los audios».
